Miles de veterinarios y propietarios de mascotas han vuelto a salir este domingo a las calles de numerosas ciudades para protestar contra el decreto que, a su juicio, limita su trabajo y pone en riesgo la salud de los animales al dificultar y retrasar los diagnósticos y los tratamientos.

Bajo el lema «Veterinarios y familias, unidos por el bienestar animal» se han convocado manifestaciones y concentraciones en 40 ciudades, que se suman a las que se han sucedido los últimos meses en contra del decreto y del sistema «Presvet» impulsado por el Ministerio de Agricultura para monitorizar y vigilar la prescripción y el consumo de antibióticos entre los animales, informa Efe.

«La convocatoria ha sido un rotundo éxito», reivindicó el Comité de Crisis Veterinario, asociación que agrupa a los profesionales del sector en España, en un comunicado para subrayar especialmente la movilización de Madrid, a la que asistieron, según los convocantes, unas 7.000 personas, informa Ep.

Las concentraciones se desarrollaron en ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Santiago, Las Palmas o Bilbao. Además, Murcia ha anunciado su convocatoria para el domingo 15 y Huelva el día 20.

Las movilizaciones son convocadas por la profesión veterinaria en respuesta al Real Decreto 666/2023 y al sistema Presvet, normativas que, a juicio de los profesionales del sector, «imponen trabas administrativas, limitaciones clínicas y sanciones desproporcionadas a los profesionales sanitarios responsables de la salud de los animales».

Los veterinarios pidieron un marco normativo «más justo y coherente, que les permita ejercer su labor de acuerdo a la evidencia científica y el criterio profesional».

En especial, criticaron que el Real Decreto les «impida» suministrar directamente en sus clínicas los tratamientos necesarios a los animales bajo su cuidado. Además, denunciaron que la regulación les impone un sistema burocrático «desproporcionado», que exige «detalles técnicos absurdos –como el número de gotas administradas o el porcentaje usado de una crema– bajo amenaza de sanciones que pueden alcanzar los 1,2 millones de euros».

El manifiesto conjunto leído en las distintas concentraciones enumeró las «consecuencias reales» de dicha normativa: «Dificulta la atención inmediata; genera sobrantes peligrosos y fomenta la automedicación; obliga a seguir tratamientos obsoletos y desajustados; imposibilita al veterinario suministrar medicamentos en sus clínicas y penaliza la prevención con un IVA del 21% y castiga errores administrativos con sanciones de hasta 1,2 millones de euros».

El colectivo subrayó que, mientras que en otros países europeos los veterinarios pueden ejercer con mayor libertad y ajustar los tratamientos en función del criterio clínico y la evidencia científica, en España se sienten «criminalizados» y con las manos atadas.

No obstante, el Ministerio de Agricultura ha reiterado los últimos días que la normativa actual sobre medicamentos veterinarios permite a los profesionales usar su juicio clínico para prescribir antibióticos, y negó que la norma impida a estos profesionales utilizar los que consideren necesarios según su criterio. El departamento de Luis Planas señaló que «PresVet» es un sistema de recogida de información que no establece limitaciones a las prescripciones de fármacos, y recordó que los veterinarios llevan trasmitiendo desde enero de 2019 las prescripciones de antibióticos para animales de granja y la base de datos y la transmisión de información funciona con total normalidad.