Esta mañana, el programa 'Espejo Público' ha llevado a cabo una cobertura rigurosa acerca de un caso que conforma una verdadera problemática en las grandes ciudades: las viviendas turísticas. En un bloque del mismísimo centro de Madrid, el equipo del matinal de Antena 3 ha constatado que tres de cada cuatro pisos están destinados a ser alquilados por turistas; un golpe bajo para las familias.

Sin embargo, varios vecinos de este mismo edificio han logrado algo que podría parecer impensable a primera instancia: han conseguido cerrar diez de estos pisos vacacionales. Este inesperado contraataque ha vuelto a reavivar el debate acerca de la explotación de la vivienda en el sector turístico, teniendo en cuenta de que hay aproximadamente 30.000 personas sin hogar (0,06% de la población española) en nuestro país.

Turistas y vecinos exponen sus argumentos

Mientras el equipo del programa contaba el número de veces que los turistas entraban y salían del edificio, un visitante desde Bélgica que salía del inmueble se ha parado a explicar cómo está siendo su viaje. "Estamos aquí por cinco días. Ha sido muy buen precio. Hemos venido seis personas", narra el turista.

Tras contar que había pasado la noche de fiesta en el piso, los vecinos madrileños han sido los encargados de confirmar que vivir así "es infernal". Lamentablemente, al estar estos pisos a nombre de empresas y no de particulares, cualquier opción de ganar en una denuncia es remota.

La familia denunciante se alza victoriosa

Sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, una familia de vecinos de este bloque de pisos ha podido ganarle el juicio a una de las empresas que gestiona las viviendas vacaciones, cerrando así diez de los alojamientos. Turistas amontonados en los rellanos y pasillos, suciedad, fiestas, ruido; todas esto ha sumado a la hora de explicar el deterioro del descanso y la salud psicológica de los más pequeños de la familia.

"Ha sido un David contra Goliat", ha señalado Miguel Ángel Rubio, abogado de los vecinos. La sentencia de esta 'cruzada' recoge "el final de la actividad de explotación de estas viviendas turísticas ilegales". Esta ilegalidad se debe a que ninguna de las viviendas cerradas ni otras cuarenta adicionales cuentan con la licencia municipal requerida.

Las multas de hasta 16.000 euros que tendrán que pagarse por piso saben momentáneamente a victoria, aunque el letrado recuerda que "para ellos es calderilla". "Esos 10 pisos generan unos 400.000 euros anuales ocupados sólo al 60%", apunta Rubio, antes de desvelar que el portavoz de estos pisos vacacionales quiere comprar la vivienda de la familia denunciante, con el objetivo de monopolizar el bloque.