La pandemia agudiza más la falta de atención a comunidad LGTBI de El Salvador

(EFE). La pandemia por la COVID-19 ha agudizado más la falta de asistencia y atención a la población LGTBI de El Salvador, lo que ha llevado a las organizaciones que defienden los derechos de esta comunidad a intensificar su trabajo en plena emergencia.

La comunidad de Lesbianas, Gais, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) históricamente ha sufrido atropellos a sus derechos humanos y esta situación se ha agravado en la actual crisis por la COVID-19, la cual ha llevado a que todo el aparato institucional centre su atención en un solo objetivo: contrarrestar la pandemia.

Lo anterior ha llevado a que algunas organizaciones LGTBI pongan a disposición sus recursos para ayudar a las personas de esta comunidad que no fueron beneficiadas con el bono estatal, otorgado por el Gobierno, y con la canasta de alimentos que también ha sido proporcionada por el Ejecutivo.

El desplazamiento forzado, la violencia en la familia y asesinatos, son solo algunos de las situaciones a las que estas personas se enfrentan en su día a día.Para Bianka Rodríguez, presidenta de la Asociación Comunicando y Capacitando Trans (Comcavis-Trans), comentó a Efe que la población LGTBI “no ha sido objeto de asistencia de parte del Estado durante esta pandemia”.

”A pesar que el Estado tiene la obligación (de brindar asistencia) no vemos el actuar de ninguno de los ministerios, no vemos protocolos para mitigar los impactos que generan la pandemia, ni como apoyar a la población en esta situación”, señaló.

De acuerdo con los registros de las organizaciones sociales, entre las tres primeras ciudades de El Salvador, que son San Miguel, Santa Ana y la capital, existen aproximadamente 6.000 miembros de este colectivo.

ASISTENCIA EN PLENA PANDEMIA

La activista indicó que solo Comcavis-Trans tiene un registro 160 personas LGTBI atendidas durante la pandemia que estalló a mediados de marzo en el país. De este número, 79 “se vieron obligadas a desplazarse forzosamente por situaciones de riesgo en sus lugares de origen por persecución de grupos delincuenciales (pandillas) amenazas, algunos fueron desalojados (de sus viviendas) arbitrariamente”.

Además, señaló que el resto de personas, un total de 81, sufrieron abusos de la autoridad, despidos injustificados y violencia intrafamiliar.

La presidente de Comcavis-Trans también dijo que esta entidad ha brindado asistencia “psicoemocional” a 116 personas, de las que 18 personas sufrieron de desplazamiento forzado y el resto se vio afectada por ansiedad por el encierro (durante la cuarentena), depresión con riesgo de suicidio y problemas de autoestima.

”Esta situación nos deja un panorama poco alentador de como la cuarentena vino a afectar lo psicológico y emocional de las personas LGTBI y lastimosamente el Estado no ha ayudado a estas personas”, manifestó.

”El Estado no tuvo a bien habilitar canales para la atención hacia su ciudadanía, en especial a las personas en condición de vulnerabilidad como la población LGTBI, las mujeres y los niños”, enfatizó.Agregó que lo anterior sustenta “la falta de políticas públicas dirigidas a sectores vulnerables”

.Por su parte, Mónica Linares, representante de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh Arcoiris Trans), señaló a Efe que “es imprescindible pensar en políticas de protección a la población y en herramientas de educación financiera para continuar haciendo frente a los efectos de la pandemia”.

FALTA DE COORDINACIÓN

La entidad a la representa Linares también ha brindado asistencia a esta población, en especial a las mujeres trans que han perdido sus empleos a causa de la pandemia.

La también activista apuntó que “nos encontramos preocupadas por buscar soluciones para mitigar el hambre de las poblaciones LGBTI y en especial por las mujeres trans que en su mayoría se dedican al trabajo sexual o a emprendimientos independientes”. Señaló que en Aspidh Arcoiris Trans se instaló en centro de acopio para recoger alimentos y medicinas, y se gestionó con el Ministerio de Cultura para que 30 personas LGTBI recibieran el bono estatal, que era de 300 dólares.

Además, indicó que se entregaron 500 paquetes de alimentos con el apoyo de cooperantes internacionales y recursos propios.Lamentó que el Gobierno no haya gestionado con su organización la entrega de canastas de alimentos y señaló que “es casi imposible darle una segunda ayuda a las personas que ya asistimos por falta de recursos”.

Por su parte, Rodríguez indicó que “lo que suele suceder es que existe una preferencia por ciertas organizaciones que no son representativas a las entidades de la sociedad civil que trabajamos en este tema y la ayuda gubernamental se pierde”. ”Lastimosamente no ha habido una coordinación con el Gobierno para ayudar a esta población y tampoco se han ha dado una cifra de cuántas personas de la comunidad LGTBI se ha ayudado con el bono estatal o con las canastas de alimentos (...) yo estoy segura que estos beneficios han llegado a muy pocas personas de esta comunidad”, agregó.