Preocupa que cortes de Guatemala estén siendo cooptadas

(AP). La justicia guatemalteca está en boca de muchos en el país centroamericano, y la preocupación de que esté siendo cooptada por grupos que favorecen la impunidad y la corrupción ha cruzado las fronteras. El caso más reciente ha sido la juramentación del juez Mynor Moto, señalado en casos de corrupción, para ocupar un lugar en la corte más alta del país.

La sociedad guatemalteca exige como prioridad la justicia y la lucha contra la corrupción e impunidad. Miles de manifestantes salieron a las calles en noviembre, cansados de sus políticos y funcionarios públicos, a exigirle al gobierno de Alejandro Giammattei que ponga fin a la corrupción.

Ante las protestas, el gobierno reprimió a los manifestantes e invocó la carta democrática de la Organización de los Estados Americanos, argumentando que hubo violencia y que los inconformes intentaban dar un golpe de Estado. Entonces la OEA envió una misión liderada por el exfuncionario argentino Fulvio Pompeo.

En un informe esta semana, el organismo continental indicó que existen múltiples reclamos de distintos sectores de la sociedad guatemalteca.

Existe “una preocupación común sobre algunos elementos que podrían vulnerar el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática del país”, afirma la misión, y destaca la percepción de corrupción e impunidad y la falta de transparencia en asuntos públicos.

La OEA también se refirió a la omisión legislativa para designar magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las cortes de apelaciones, elección que lleva más de un año de retraso. “Hay necesidad de garantizar procedimientos transparentes en la renovación de la Corte de Constitucionalidad”, señaló, la misma para la que fue electo Moto.

Moto, un juez de primera instancia, fue elegido por poco más del 10% de los agremiados al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para suplir al magistrado Bonerge Mejía, el cual murió de COVID-19 en 2020. Su elección fue impugnada debido a que hay dos solicitudes de retiro de inmunidad en su contra por presuntos vínculos a casos de corrupción y tráfico de influencias, algo que el juez ha negado.

Con 82 votos de 160 totales, el Congreso avaló su juramentación el martes por la noche, aduciendo cumplir con un amparo a favor de Moto que fue firmado por otro juez, Wilber Castellanos Venegas, quien está acusado en un caso de corrupción en el que Moto ha intervenido.

El constitucionalista Gabriel Orellana consideró que “el Congreso actuó sobre una base jurídica inexistente para poder justificar la juramentación, de tal manera que contravino la ley. Imagino que ellos están confiados que a partir de este momento van a integrar una corte ad hoc... Lo único que queda es que la corte se rehúse a darle posesión a semejante problema”.

Moto es señalado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la fiscalía contra la corrupción de favorecer a personas procesadas por delitos de corrupción y tráfico de influencias.

Uno de los diputados que estuvo a favor de juramentar a Moto es Manuel Conde, del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y aliado del oficialismo, argumentando que debían acatar la orden judicial que lo amparó.

La activista Helen Mack asegura que en el país existe un plan que se viene gestando desde 2017 para cooptar las instituciones y darle continuidad a la impunidad en que políticos, empresarios, jueces y funcionarios han estado “vinculados a delitos como crimen organizado, enriquecimiento ilícito”.

Mack dice que las redes de impunidad en Guatemala son complejas de entender porque se dan entre lo legal e ilegal, donde funcionarios con posiciones de poder lo utilizan para beneficio propio y de los socios en el crimen, “y es allí donde se concreta el estado mafioso”.

Según Orellana, la investidura del juez pone al país con un sistema cooptado “como Venezuela, Honduras o Nicaragua. En un momento dado vamos a tener una Corte (de Constitucionalidad, que define en última instancia los procesos legales y judiciales) que va a actuar de manera concertada con grupos de poder, lo que es sumamente grave”, dice.

La embajada estadounidense en Guatemala indicó en Twitter que los procesos de designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad deben ser legítimos, abiertos, transparentes y de acuerdo con la Constitución.

Más tarde, Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, también envió un mensaje vía Twitter diciendo que están “profundamente preocupados por el intento del @CongresoGuate de colocar como magistrado de la @CC_Guatemala a una persona con recursos legales pendientes en su contra. Esto amenaza el #EstadoDeDerecho en #GUA al debilitar la integridad de su corte más alta”.