México propone apelaciones a bloqueos en redes sociales

El partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abrió a debate público una propuesta para reglamentar Twitter, Facebook y otras redes sociales, una medida que provocó críticas

FILE - In this Dec. 18, 2020 file photo, Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador points to a graph showing the percentages of hospital beds available, state by state, during his daily news conference at the presidential palace, Palacio Nacional, in Mexico City. López Obrador was working from isolation on Monday, Jan. 25, 2021, a day after announcing that he had tested positive for COVID-19, his interior secretary said. (AP Photo/Marco Ugarte, File)
FILE - In this Dec. 18, 2020 file photo, Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador points to a graph showing the percentages of hospital beds available, state by state, during his daily news conference at the presidential palace, Palacio Nacional, in Mexico City. López Obrador was working from isolation on Monday, Jan. 25, 2021, a day after announcing that he had tested positive for COVID-19, his interior secretary said. (AP Photo/Marco Ugarte, File)Marco UgarteAP

(AP). El partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abrió a debate público una propuesta para reglamentar Twitter, Facebook y otras redes sociales, una medida que provocó críticas el martes.

La nueva propuesta de ley presentada el lunes por el partido Morena contempla multas de hasta 4,4 millones de dólares a las compañías de redes sociales por violar el derecho a la libertad de expresión de los usuarios. La ley aplicaría sólo a las plataformas que tengan más de un millón de usuarios en México, aparentemente cubriendo sólo empresas como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok o YouTube.

La propuesta permitiría que cualquier persona cuya cuenta sea bloqueada o cancelada apelara la decisión. Las apelaciones irían primero a los propios comités internos de la compañía, que tendrían 24 horas para confirmar o revocar la suspensión. Los usuarios podrían luego apelar ante los reguladores de telecomunicaciones y, si no les parece su decisión, apelar ante los tribunales mexicanos.

“Ya habíamos prevenido, luego del bloqueo en enero en las redes sociales de las cuentas personales del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del riesgo del surgimiento de desproporcionadas iniciativas para regular la información en esas plataformas”, dijo en un comunicado Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa.

El titular del Comité para la Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, escribió que “una mala ley puede generar un efecto búmeran, deconstruyendo décadas en las que en México se fue consolidando la libertad de expresión”.

El senador Ricardo Monreal, líder del partido Morena en el Senado, espera presentar el proyecto de ley para someterlo a votación en tres semanas.

“Una de las vertientes de afectación al ejercicio del derecho de libertad de expresión se da a través de la obstrucción del derecho a recibir información, bloqueando los contenidos generados, como han sido diversos casos recientes en Twitter”, dice la propuesta según un borrador que Monreal publicó en su sitio web.

La ley podría infringir el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual establece que “ninguna parte hará responsable a un proveedor o un usuario de un servicio informático interactivo a causa de... alguna acción realizada voluntariamente y de buena fe por el proveedor o usuario para restringir el acceso a, o la disponibilidad de, material que sea accesible o disponible a través de su servicio, o el uso de los servicios informáticos interactivos y que el proveedor o usuario considere dañino u objetable”.

Monreal argumenta que, según el acuerdo, esa cláusula no se aplicará a México durante dos años y medio más, aunque presumiblemente invalidaría la ley después.

El proyecto de ley reconoce que las empresas tienen sus propias reglas de uso y comportamiento de la comunidad en línea, pero dice que “resulta necesario que dicho procedimiento se regule en ley, con el fin de que derivado de la determinación de los autorizados proceda un recurso administrativo o judicial, en su caso, esto con el fin de respetar también el derecho humano de acceso a la justicia de los usuarios”.