AMLO anuncia investigación a fondo por ataques en México

(AP). La fiscalía federal mexicana abrirá “una investigación a fondo” sobre los ataques armados ocurridos el fin de semana en Reynosa, una localidad al noreste del país y fronteriza con Texas, que dejaron 19 fallecidos y una estela de terror entre los habitantes de la zona que es asediada por grupos criminales.

Así lo anunció el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, que urgió a indagar los motivos de lo que calificó como un “ataque cobarde” y a castigar a los responsables.

“Todo indica que no fue un enfrentamiento sino que fue un comando que disparó a gente que no estaba en plan de confrontación”, afirmó el mandatario.

El sábado individuos armados que se trasladaban en varios vehículos descargaron sus armas contra ciudadanos comunes, entre ellos taxistas, obreros y un estudiante de enfermería. En los ataques perecieron 15 ciudadanos, uno de ellos en un centro de salud, y cuatro civiles armados que murieron en enfrentamientos con la policía, precisó el gobierno estatal.

“Existen elementos suficientes sobre la probable participación de grupos criminales vinculados a la comisión de varios delitos federales, entre ellos delincuencia organizada, que tendrían relación con agrupaciones criminales que operan en la región de Matamoros, Río Bravo y Reynosa”, señaló el gobierno de Tamaulipas en un comunicado el lunes en el que indicó también que la fiscalía estatal trabajará con la federal para esclarecer los hechos.

Reynosa es escenario habitual de actos de violencia vinculada al crimen organizado y punto estratégico de los tráficos ilegales. En esa región, la parte más oriental de la frontera entre México y Estados Unidos, opera el Cártel del Golfo, que tienen en su seno distintos grupos que luchan entre sí para controlar territorios clave para el trasiego de droga y de migrantes. Aparentemente una de las células de una localidad cercana es la que entró en Reynosa y cometió los ataques.

Pero pese a que la violencia no es algo nuevo, los sucesos del sábado impactaron en la población.

“Tenemos aproximadamente dos años o más sin que ocurriera este tipo de ataques a los ciudadanos inocentes, eso es lo que cambió”, dijo a The Associated Press Maki Esther Ortiz, alcaldesa de Reynosa, la ciudad más grande de Tamaulipas y epicentro industrial del estado. “Y eso es lo que nos tiene muy inquietos, con muchísima tristeza y de luto”, agregó la funcionaria que pidió protección a las autoridades federales y estatales.

Ortiz también solicitó a las autoridades que aclaren si son creíbles o no los mensajes que se están divulgando en redes y que piden a la gente no salir de sus casas ante la posibilidad que sean avisos tendenciosos del propio crimen organizado para generar aún más miedo.

Los tiroteos provocaron la movilización del Ejército, la Guardia Nacional, la policía estatal y la fiscalía del estado, que se desplegaron por toda la ciudad, pero según el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una ONG presente en la región, falló la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad.

Según los testimonios recabados por este colectivo “durante más de una hora se generaron angustiosos llamados de auxilio ... y ninguna autoridad respondió oportunamente”. “Esta situación generó un ambiente de terror colectivo y una percepción de inseguridad total”, agrega el comité en un comunicado.

Los sangrientos hechos sucedieron a casi dos semanas de unas elecciones generales que se vieron sacudidas por diferentes ataques que dejaron 36 candidatos asesinados y acrecentaron los cuestionamientos hacia las políticas de seguridad de López Obrador.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó el lunes alarma por lo que se consideró como un “alto nivel de violencia política” registrado en México en los comicios intermedios de este mes, e instó a las autoridades mexicanas “asegurar la rendición de cuentas” por esos actos y a garantizar que no se repitan, señala un escrito que se difundió en la página del organismo.

Durante la inauguración de 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos que se realizó en Ginebra, Bachelet alentó a las autoridades mexicanas a que “se abstengan de utilizar un lenguaje que socave a quienes expresan opiniones disidentes o que de alguna manera ponga en duda la independencia de los órganos autónomos, incluidas las instituciones electorales”.

María Elena Morera, directora de la organización civil local Causa en Común — que investiga e impulsa políticas públicas en materia de seguridad — afirmó que los recientes ataques violentos hasta el momento no han impactado la imagen de López Obrador, cuyo partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus fuerzas aliadas lograron la mayoría de los asientos en la Cámara de Diputados y 11 de las 15 gobernaciones que se disputaron en los comicios generales del 6 de junio.

“Los mexicanos se han ido acostumbrando a todas estas atrocidades sin que haya una reacción real”, dijo Morera a AP. Agregó que ante “tanta violencia la gente prefiere no asumir el dolor del otro y entonces voltea hacia otro lado”.

Entre enero y mayo los delitos federales han disminuido un 27,2%, en comparación con igual período del 2019, indicó el lunes la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien agregó que en los primeros cinco meses del año hubo una disminución de 2,9% en los homicidios dolosos, respecto al mismo período del año pasado, que alcanzaron un total de 14.243 casos.

Entre las entidades que tienen los mayores registros de homicidios están Guanajuato, Baja California, Jalisco, México, Michoacán y Chihuahua.

Morera señaló que la cifra de reducción de homicidios “no es nada” y sostuvo que “es como si mantienes a una persona en coma y dices que van muy bien”.

Aunque el gobierno de López Obrador exhibe, luego de tres años en el poder, como un éxito su política de seguridad, que se sustenta bajo el lema de “abrazos, no balazos”, analistas aseguran que sus medidas no han sido favorables.

“No hay política de seguridad”, afirmó Francisco Rivas, director general de la organización civil local Observatorio Nacional Ciudadano — que investiga las condiciones de seguridad, justicia y legalidad — al reconocer que lo que gobierno aplica son “acciones aisladas” que no han resuelto el problema de la delincuencia.