El juez procesa a la antigua dirección de UGT-A por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en las facturas por un montante de casi 41 millones

El juez que instruye la investigación del presunto fraude en subvenciones para formación recibidas por UGT-Andalucía ha procesado a cinco ex responsables del sindicato -entre ellos el ex secretario general Francisco Fernández y el ex secretario de Administración Francisco Fresneda- y a una decena de «proveedores de confianza» con los que apalabraban facturas falsas por servicios no prestados que endosaban a la Junta. Llegaron a cargar el alquiler de aulas en edificios que en realidad son del sindicato gracias a una cesión gratuita del Estado u organismos como la ONCE.

El instructor archiva la causa contra otros siete investigados, entre ellos el antecesor de Fresneda al frente del sindicato durante 15 años, Manuel Pastrana, por motivos de salud. Pastrana, que lideró el sindicato durante la mayor parte del periodo investigado (2009-2013), nunca declaró en el juzgado de instrucción tras presentar partes médicos e incluso ser examinado por el forense. Su sucesor sólo estuvo seis meses en el cargo, ya que dimitió al estallar el caso, si bien antes fue secretario de Organización.

Con estas prácticas, UGT obtenía una «vía de financiación» con cargo a fondos públicos que debían destinarse íntegramente a la formación de parados y empleados. El auto de procesamiento cifra en 40,7 millones el «cómputo de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria». Una treintena de expedientes que el perito judicial ha estado más de cuatro años examinando, en los que ha constatado presunto fraude en 14.

En el auto, de 3 de diciembre, el juez de Instrucción 9 de Sevilla procesa por presuntos delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental a Fernández, Fresneda, la ex secretaria de Gestión Económica María Charpín, la responsable de la Central de Compras del sindicato Dolores Sánchez y el gerente de Soralpe, Enrique Goicoechea, una entidad creada por UGT para computar a las subvenciones gastos en alquiler de aulas pertenecientes al sindicato. El juez señala que Soralpe también fue usada por UGT para pagar las nóminas a personal «que anteriormente era contratado de UGT y seguían desempeñando idénticas funciones» dentro del sindicato. Así, su sueldo era cargado a subvenciones para formación pese a que trabajaban en realidad en la Tesorería de UGT con Fresneda.

En el caso del alquiler de aulas, la «mecánica defraudatoria también afectó» a una docena de edificios cedidos por la Administración General del Estado al sindicato, uno en Algeciras de la ONCE y uno en Sevilla cedida por el Puerto.

Para el instructor, que da 20 días de plazo a la Fiscalía y las partes personadas para que presenten sus escritos de acusación o archivo, «en el desarrollo de esta mecánica defraudatoria dentro de UGT-A, era de especial relevancia la labor» de Fresneda, quien «se encargaba de la selección directa de los proveedores» y «de forma personal negoció» con cada uno «mediante pacto escrito o verbal» los descuentos que aplicarían «bajo la exigencia de que no se dejara reflejo de dichos descuentos en las facturas emitidas» que se presentaban a la Junta al justificar las subvenciones. Al «ocultar» el descuento, el sindicato recibía una subvención mayor de lo gastado, generando un «bote» para sus arcas. «Las especiales características de este mecanismo defraudatorio exigían que solo pudiera ejecutarse con proveedores de confianza», por lo que el juez procesa a diez responsables de empresas de diseño, imprentas o agencias de viaje que «se prestaron» al plan «urdido por los dirigentes» de UGT-A falsificando facturas por servicios no prestados.