Sánchez y Montero bloquean la salida a los mercados y obligan a la Junta a acometer recortes en Sanidad y Educación

En una breve epístola de cinco párrafos, a la que accedió LA RAZÓN, fechada el pasado 5 de diciembre, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, a través del secretario general de Hacienda, bloquea la salida a los mercados de la Junta de Andalucía, argumentando que las cuentas que, paradójicamente, dejó en herencia la ahora ministra de Hacienda María Jesús Montero incumplieron «el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla del gasto del ejercicio 2018». La comunidad «no reúne los requisitos» para «adherirse al compartimento Facilidad Financiera en 2020, por lo que le corresponderá, en su caso, adherirse al compartimento Fondo de Liquidez Autonómico 2020», lo que conlleva «un plan de ajuste» para cuya aceptación se exige un «nuevo anexo» con «la estimación de la totalidad de sus necesidades de financiación». La Junta denunció a este diario que «el Gobierno de Pedro Sánchez bloquea el exitoso proceso de salida al mercado financiero que se ha consolidado en 2019 y tenía previsto continuar en 2020» e «inicia una senda que puede acabar con la reversión de las medidas adoptadas por Andalucía en materia fiscal y que podría obligar a realizar recortes en materias sensibles como Sanidad y Educación». El Gobierno andaluz de PP y Cs considera que se trata de «una decisión discrecional y de carácter político, ya que la Ley de Estabilidad no obliga a adoptar esta decisión sobre una comunidad que está comprometida con las reglas establecidas y que ha hecho un intenso trabajo para cumplir el déficit en 2020, encauzando una situación heredada muy preocupante».

La Junta, que tenía previsto captar 1.930 millones en los mercados en 2020, recuerda que «la norma no establece de forma taxativa que si un año se incumple» el déficit «automáticamente queda cancelada la salida a los mercados». La intervención se produce tras convertirse el jueves Andalucía en la primera comunidad con los Presupuestos de 2020 aprobados, despejando así, con la posibilidad de prorrogar las cuentas, la legislatura a PP y Cs.

La Junta recuerda que el Gobierno de Pedro Sánchez «utiliza como argumento el desequilibrio en las cuentas de 2018, las últimas aprobadas por María Jesús Montero y ejecutadas al 100% por el anterior Gobierno del PSOE-A». «El anterior Ejecutivo del PSOE no había aprobado Presupuestos para 2019 como habría sido la obligación», recuerda la Junta. Por ello, «la legislatura comenzó con los Presupuestos prorrogados de 2018, que han sido los únicos de entre todas las CC AA de España que incumplen el objetivo de déficit, el objetivo de deuda y la regla de gasto». «El principal esfuerzo para el Gobierno de PP y Cs ha sido revertir esta situación para cumplir lo que establece la Ley de Estabilidad y las propias reglas de la lealtad institucional, que en este caso era situar a Andalucía en posición de equilibrar sus cuentas y alcanzar el déficit cero en 2020, con los presupuestos del próximo año aprobados ya», argumenta la Junta. Esto ha conllevado previamente «un esfuerzo en 2019 por elaborar un presupuesto para el ejercicio en curso que tratara de encauzar y equilibrar la situación financiera de la comunidad, a pesar de las dificultades que ha supuesto heredar unas cuentas que incumplían los tres objetivos que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria (los citados de deficit, deuda y regla de gasto)». El Gobierno andaluz criticó, asimismo, que «el Ministerio de Hacienda ya se dedicó a generar la máxima incertidumbre sobre las cifras en las que se han basado la planificación presupuestaria de Andalucía, con el inexplicable retraso de los pagos legalmente establecidos hasta verse forzada a acometerlos por imperativo legal (como ocurrió con la actualización de las entregas a cuenta)». «También en el Ministerio de Hacienda se han modificado los planes comunicados públicamente desde 2018, como ocurrió la reciente decisión de no transferir las cantidades correspondientes a un mes del IVA del ejercicio 2017, hecho que ha sido resaltado por la AIReF como el impedimento para que Andalucía (junto a otras comunidades) pueda cumplir con los compromisos de estabilidad presupuestaria que refleja su presupuesto», añade la Junta. Por todo ello, el propio Parlamento andaluz reprobó a Montero.

El Ejecutivo de Juanma Moreno considera que «el efecto lesivo y pernicioso de la última decisión del Gobierno de Pedro Sánchez supera a todas las anteriores por la incertidumbre en la que sume a la comunidad para 2020». La decisión «política» de Sánchez y Montero «desbarata» el trabajo de meses y «la vía elegida» para «comunicar la intervención de la comunidad y la necesidad de acometer recortes en servicios sociales» se «salta todas las reglas de la normalidad institucional», critica la Junta. «El Gobierno andaluz paga su lealtad institucional con la intervención del Gobierno de Pedro Sánchez utilizando como argumento la fracasada gestión financiera heredada del Gobierno de Susana Díaz», añadieron desde San Telmo.

Una decisión que «no sólo perjudica a Andalucía sino al ráting de España»

Al margen de la carta del secretario general de Hacienda, la Junta «no ha recibido comunicación algun del Tesoro» sobre la necesidad de acometer ajustes. De hecho, tanto el Tesoro como la AIReF han señalado que «no es razonable desde un punto de vista técnico» truncar la hoja de ruta por «un incumplimiento puntual», recuerda la Junta. «Ninguna agencia de ráting ha bajado la calificación de Andalucía sino que, al contrario, en las revisiones está con perspectiva positiva», añade. «Una decisión de este calibre no sólo perjudica a Andalucía sino al ráting de España, lo cual es un problema añadido al clima de inseguridad que genera un Gobierno en funciones desde abril», denuncia la Junta.