El consejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo, ha defendido este viernes la aplicación del pin parental, que ha calificado como el “derecho a decidir” de los padres sobre la educación de sus hijos, y ha sostenido que cuando se concrete esta medida, propuesta por Vox, será “dentro” del marco legal y de la ley de Educación.

“No vamos a hacer nada que no esté dentro del marco legal. Toda esta cuestión, como otras, deberá ir avalada por la normativa autonómica y estatal”, ha declarado Bendodo.

Tal y como ocurre en Madrid o en Murcia, el pin parental en Andalucía es una de las propuestas planteadas por Vox en el acuerdo presupuestario alcanzado con el Gobierno del PP y Ciudadanos en la comunidad.

El consejero de Educación, Javier Imbroda, ha avanzado que el pin parental está en fase “embrionaria” para que no contradiga a la ley, una idea en la que ha insistido el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo. “Lo que se haga será de acuerdo con lo que marca la normativa, pero que los padres puedan opinar sobre el tipo de educación de sus hijos de entrada no está mal, es una buena idea”, ha esgrimido.

Preguntado por si la Junta va aplicar en Andalucía el pin parental tal y como Vox lo plantea, Bendodo ha respondido: “No es como lo plantea Vox, no hacía falta que lo planteara Vox para que este gobierno del PP y Ciudadanos pueda decir que queremos que los andaluces decidan sobre el futuro de sus hijos”.

El Ministerio de Educación ya ha anunciado que recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa dirigida a imponer esta medida en los centros educativos. Esta polémica, según Bendodo, es un ejemplo más de lo distintos que son los gobiernos y ha precisado que mientras el de Andalucía “apuesta” por la libertad de las personas y que puedan elegir, el Ejecutivo de Pedro Sánchez es “intervencionista y prohíbe”.

El portavoz del Gobierno andaluz, que no ha concretado ni la fecha ni el contenido del pin parental que prepara la Consejería de Educación, ha declarado, en relación a la posición del Ministerio, que “todo el mundo está en su derecho” de presentar recursos.