Las agresiones a sanitarios se recrudecen: aumentaron un 22 por ciento el año pasado

La agresiones al personal sanitario continúa siendo un problema latente en la comunidad autónoma. Según datos del sindicato de enfermería Satse, la violencia en este ámbito aumentó un 22 por ciento el año pasado, con un total de 1.507 casos, 289 de carácter físico. La cifra pone en evidencia, a juicio de la central, la necesidad de «mejorar las medidas preventivas» y la urgencia por articular una norma para «proteger a todos los profesionales». Cerca del 70 por ciento de las víctimas son mujeres, un total de 1.069, frente a 438 hombres. Las agresiones, mayoritariamente, se dirigieron hacia el personal sanitario –un total de 1.287 casos–, frente a los 220 que afectaron al personal de gestión y servicios.

Por provincias, Sevilla fue la que concentró un mayor número de casos, con un total de 388, seguida de Málaga con 323 y Cádiz con 202. A estas provincias les siguen Córdoba con 145, Huelva con 126, Jaén con 122, Granada con 114 y Almería con 87.

Ante ello, Satse considera que estos datos «son intolerables». «No se puede increpar, insultar y mucho menos agredir a profesionales que simplemente cumplen con su trabajo», denuncia el sindicato, además de advertir de que muchos profesionales se tienen que dar de baja al no poder soportar estos episodios.

Hace casi un año la Consejería de Salud, consciente del problema, puso en marcha una mesa integrada por profesionales para tomar medidas encaminadas a la prevención. Sin embargo, «hasta la fecha no se han producido grandes avances», señala la central. Junto a ello, subraya que «es inaplazable dar una solución real a esta problemática», por lo que aboga por el endurecimiento de las penas. Satse ya presentó al consejero de Salud, Jesús Aguirre, varias propuestas en este ámbito, como la dotación de recursos humanos suficientes, teniendo en cuenta las ratios recomendadas por las organizaciones internacionales, para «evitar situaciones de conflicto generadas por las largas demoras». También insiste en que se reconozca como delito a la autoridad pública la agresión física a un profesional sanitario.