Gobierno andaluz y PSOE se acusan entre sí de mentir a cuenta de la huelga educativa

La sesión parlamentaria de control al Gobierno andaluz de ayer estuvo cargada de reproches a cuenta de la huelga del miércoles en el sector educativo y en ella quedó claro que el Ejecutivo autonómico se agarrará al decreto de escolarización que prendió el incendio. El portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, acusó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de tener «una hoja de ruta oculta: favorecer la educación privada frente a la pública». No se quedó ahí. Lo culpó de habitar en «una realidad paralela» y de «mentir» por haber anunciado que la nueva norma «contaba con el consenso de la comunidad educativa». «¿Vio las calles de Andalucía?», le arrojó en forma de pregunta y, tras calificar la jornada de paro de «éxito rotundo», interrogó al popular sobre si su Ejecutivo tenía intención de «rectificar» y si iba a «retirar» el decreto-mecha.

Moreno tomó la palabra con brío para recordarle que el Grupo Parlamentario Socialista había «tenido casi 40 años de oportunidades para poner la educación en el lugar que le correspondía», con «miles de millones de euros de presupuestos» a su disposición para hacerlo, competencias e incluso el respaldo en ocasiones de la oposición. «En 37 años, sus gobiernos no han sido capaces, estamos a la cola en abandono o fracaso escolar», disparó. Defendió que su Ejecutivo ha llegado para, «legítimamente», hacer «reformas» y «cambiar las cosas». Manifestó su «respeto» hacia los trabajadores que optaron por la huelga, al ser «un derecho fundamental recogido en la Constitución» española, pero incidió en un dato proporcionado por la Junta ya el propio miércoles. «Su repercusión ha sido la que ha sido», una participación que rondó «el 15%». «La huelga ha tenido un impacto discreto, que no minusvaloro, ni mucho menos, pero pongamos los números» en su sitio, incidió, para apuntar que «ocho de cada 10 trabajadores del ámbito de la docencia» acudieron a «sus puestos». Entonces fue él quien dijo que Fiscal había faltado «a la verdad» al sostener «una confrontación absurda, estéril e increíble entre lo público y lo privado» inexistente.

El aludido tomó partido por los sindicatos y sus datos de seguimiento, frente a los oficiales proporcionados por la Junta, y retomó la idea de las mentiras. Planteó que, si «alguien ha faltado a la verdad de una manera flagrante» ha sido el Gobierno autonómico con el consenso ficticio, a lo que engarzó que se ha «obviado» el «dictamen del Consejo Escolar de Andalucía, donde está representada toda la comunidad educativa», y se han aceptado sólo «enmiendas a la redacción». Afeó también las palabras del consejero del ramo, Javier Imbroda, quien responsabilizó a la oposición a la izquierda del Ejecutivo de haber «manipulado» al sector, lo que consideró una falta de respeto. «¿Va a corregir a su consejero como hace su director general?, espetó a Moreno, para avisar al presidente de que, si no escucha a la comunidad educativa, «va a cometer un error mayúsculo y va a generar un conflicto enorme» que puede repercutir en la educación pública. Moreno dijo no entender por qué el PSOE grita en la calle, cuando en un decreto en 2007 «estableció algo absolutamente similar: las áreas de influencia tendrán como mínimo un centro público y otro concertado».

Tiró de cifras para respaldar el compromiso educativo de la Junta. «Cometeremos errores, pero nadie puede negar que hemos puesto un presupuesto record de 6.800 millones; que cada alumno de la escuela pública cuenta con casi 300 euros más al año; que hay 10.000 plazas de oposiciones y 1.200 nuevos profesores», enumeró. «¿En qué artículo –del decreto–viene que hay un aumento de la concertada en detrimento de lo público? Si casi ocho de cada 10 plazas son públicas y sólo el 20% de los municipios andaluces tienen un centro concertado», añadió. Para Moreno «no se está poniendo en peligro a nadie» y los socialistas lo saben, pero tratan de pescar votos en su «desesperación política». «Su grupo tiene una credibilidad más bien reducida en la comunidad educativa, después de 37 años», zanjó, para afirmar que seguirán trabajando «en darle libertad a los padres y a las familias» al parecerles «algo razonable» y en «una ley de autoridad del profesorado» que aumente su seguridad jurídica. Antes ya había deslizado, en el turno de Vox, que «la huelga tiene que ser siempre el último recurso».La sesión parlamentaria de control al Gobierno andaluz de ayer estuvo cargada de reproches a cuenta de la huelga del miércoles en el sector educativo y en ella quedó claro que el Ejecutivo autonómico se agarrará al decreto de escolarización que prendió el incendio. El portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, acusó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de tener «una hoja de ruta oculta: favorecer la educación privada frente a la pública». No se quedó ahí. Lo culpó de habitar en «una realidad paralela» y de «mentir» por haber anunciado que la nueva norma «contaba con el consenso de la comunidad educativa». «¿Vio las calles de Andalucía?», le arrojó en forma de pregunta y, tras calificar la jornada de paro de «éxito rotundo», interrogó al popular sobre si su Ejecutivo tenía intención de «rectificar» y si iba a «retirar» el decreto-mecha.

Moreno tomó la palabra con brío para recordarle que el Grupo Parlamentario Socialista había «tenido casi 40 años de oportunidades para poner la educación en el lugar que le correspondía», con «miles de millones de euros de presupuestos» a su disposición para hacerlo, competencias e incluso el respaldo en ocasiones de la oposición. «En 37 años, sus gobiernos no han sido capaces, estamos a la cola en abandono o fracaso escolar», disparó. Defendió que su Ejecutivo ha llegado para, «legítimamente», hacer «reformas» y «cambiar las cosas». Manifestó su «respeto» hacia los trabajadores que optaron por la huelga, al ser «un derecho fundamental recogido en la Constitución» española, pero incidió en un dato proporcionado por la Junta ya el propio miércoles. «Su repercusión ha sido la que ha sido», una participación que rondó «el 15%». «La huelga ha tenido un impacto discreto, que no minusvaloro, ni mucho menos, pero pongamos los números» en su sitio, incidió, para apuntar que «ocho de cada 10 trabajadores del ámbito de la docencia» acudieron a «sus puestos». Entonces fue él quien dijo que Fiscal había faltado «a la verdad» al sostener «una confrontación absurda, estéril e increíble entre lo público y lo privado» inexistente.

El aludido tomó partido por los sindicatos y sus datos de seguimiento, frente a los oficiales proporcionados por la Junta, y retomó la idea de las mentiras. Planteó que, si «alguien ha faltado a la verdad de una manera flagrante» ha sido el Gobierno autonómico con el consenso ficticio, a lo que engarzó que se ha «obviado» el «dictamen del Consejo Escolar de Andalucía, donde está representada toda la comunidad educativa», y se han aceptado sólo «enmiendas a la redacción». Afeó también las palabras del consejero del ramo, Javier Imbroda, quien responsabilizó a la oposición a la izquierda del Gobierno de haber «manipulado» al sector, lo que consideró una falta de respeto. «¿Va a corregir a su consejero como hace su director general?, espetó a Moreno, para avisar al presidente de que, si no escucha a la comunidad educativa, «va a cometer un error mayúsculo y va a generar un conflicto enorme» que puede repercutir en la educación pública. Moreno dijo no entender por qué el PSOE grita en la calle, cuando en un decreto en 2007 «estableció algo absolutamente similar: las áreas de influencia tendrán como mínimo un centro público y otro concertado».

Tiró de cifras para respaldar el compromiso educativo de la Junta. «Cometeremos errores, pero nadie puede negar que hemos puesto un presupuesto récord de 6.800 millones; que cada alumno de la escuela pública cuenta con casi 300 euros más al año; que hay 10.000 plazas de oposiciones y 1.200 nuevos profesores», enumeró. «¿En qué artículo –del decreto– viene que hay un aumento de la concertada en detrimento de lo público? Si casi ocho de cada 10 plazas son públicas y sólo el 20% de los municipios andaluces tienen un centro concertado», añadió. Para Moreno «no se está poniendo en peligro a nadie» y los socialistas lo saben, pero tratan de pescar votos en su «desesperación política». «Su grupo tiene una credibilidad más bien reducida en la comunidad educativa, después de 37 años», zanjó, para afirmar que seguirán trabajando «en darle libertad a los padres y a las familias» al parecerles «algo razonable» y en «una ley de autoridad del profesorado» que aumente su seguridad jurídica. Antes ya había deslizado, en el turno de los interrogantes de Vox, que «la huelga tiene que ser siempre el último recurso».

“No voy a permitir que se privilegien territorios”

El presidente andaluz, Juanma Moreno, exigió ayer en la Cámara autonómica al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que anteponga en el debate territorial los intereses generales a los del PSOE y advirtió: «Si tengo que optar entre el PP y Andalucía, me quedó con Andalucía». «No voy a permitir que se privilegia a unos territorios sobre otros», proclamó, en su respuesta a una pregunta de su partido, ni que se pisoteen los derechos de los andaluces.