La Junta quiere acabar con la «maraña» administrativa y abrirse a la inversión

«Menos leyes, más operativas y más actuales». Ésta es la filosofía del denominado decreto ley «de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía», aprobado ayer en el Consejo de Gobierno y que podría llegar al Parlamento el próximo mes. Una norma con la que la Junta quiere acabar con la «maraña» administrativa existente y abrirse a la inversión privada. Hasta seis consejeros –el vicepresidente y los titulares de Presidencia, Agricultura, Fomento, Economía y Hacienda– comparecieron para desgranar la batería de medidas –casi un centenar– que van en la línea de la simplificación de procedimientos y la eliminación de barreras y tasas en ámbitos como el medio ambiente, el urbanismo, turismo o comercio.

Se trata, en palabras del vicepresidente, Juan Marín, de una reforma «sin precedentes» en España y que convierte a Andalucía en un «lugar de referencia para invertir». Se agilizan 21 leyes y 6 decretos con el objetivo de «reducir costes» y crear una «nueva cultura reguladora» que sea «más atractiva, competitiva y sostenible» para los empresarios, ya que muchos de ellos se ven abocados a abandonar su iniciativa emprendedora debido al aluvión de trámites que exige la Administración autonómica. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, fue más allá al asegurar que esta aprobación supone un «paso histórico» y criticó el «suplicio» que padecen los inversores. Y dio algunos datos: desde 1979 hasta 2008 se aprobaron en España más de 364.000 normas. Tan solo el año pasado se impulsaron 11.737, siendo Cataluña y Andalucía las dos comunidades más activas en este ámbito. «Los inversores están hartos de caerse y volverse a levantar por culpa de las leyes», insistió Bendodo, por lo que «hay que despejarles el camino». En definitiva, la Junta quiere crear una «autovía para la inversión». La reducción de trabas afecta a todas las consejerías de manera transversal, una labor que ha dirigido la Consejería de Economía. Su titular, Rogelio Velasco, señaló que ha revisado «en profundidad» la normativa jurídica de la Junta y que se ha reducido para hacerla «más amable para las empresas». La previsión es que, si se aplican todas las medidas, en un plazo de cinco a diez año el Producto Interior Bruto (PIB) andaluz crecerá al 2,5 por ciento.

En materia de comercio, por ejemplo, se incrementan los días de apertura autorizados al año, al pasar de los 10 domingos y festivos actuales a 16 para establecimientos con una superficie de 300 metros cuadrados. El cambio será gradual, con 12 festivos en 2020, 14 en 2021 y 16 en 2022, mientras que los comercios con dimensiones inferiores a los 300 metros cuadrados mantienen la autorización de apertura para cualquier domingo o festivo. Igualmente, las zonas de gran afluencia turística podrán extenderse a municipios enteros.

La Consejería de Agricultura modifica ocho leyes y una disposición reglamentaria con el objetivo de «beneficiar al sector agroalimentario», «facilitar» la participación en la lucha contra el cambio climático y «favorecer» la economía circular. En la norma que regula las interprofesionales se incorpora el sector de la distribución, al objeto de «alcanzar un mayor equilibrio en la cadena alimentaria». Una medida que pretende paliar la crisis de precios que sufre el sector. En materia urbanística, destaca la supresión de la licencia de obras por una declaración responsable en el caso de obras menores. Antes, este trámite podía durar hasta un año. En cuanto a los PGOU, ahora solo hará falta un informe sectorial de cada consejería, de manera que los trámites para su aprobación se reducirán en dos años.