Marín: “Esperamos que antes del viernes el Gobierno rectifique y conceda a Málaga y Granada el paso de fase”

Enjaulados por decreto durante semanas, la mayoría ansiaba sacar la cabeza del mar de enfermos. El que se vaya a hacer a distintas velocidades en el conjunto del país ha provocado ya las primeras tensiones territoriales. El Gobierno regional pidió ayer formalmente al central que revisara su decisión de que las provincias de Málaga y Granada no pudieran pasar del nivel 0 al 1 de la desescalada como el resto de la comunidad. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aún no ha respondido a la demanda, según ha aseverado el vicepresidente andaluz y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, si bien, la Junta confía en que, “antes del viernes, el Gobierno de España rectifique y conceda a las provincias de Málaga y Granada el paso de fase".

Marín cree que “ha quedado manifiestamente claro que ha sido un criterio completamente arbitrario” el seguido por el equipo que capitanea Sánchez para impedir el avance de las dos provincias andaluzas que, a juicio del Gobierno autonómico, deberían haber podido “recuperar una actividad normalizada dentro de lo que sería la fase 1, que es en la que tienen derecho a estar, igual que el resto” de la región. Ello, sobre todo, si se tiene en cuenta que “no hay ningún" elemento" sanitario o técnico" que "realmente justifique” que el Ministerio de Sanidad haya impedido su progreso.

“Lo hemos dicho en muchas ocasiones, cada vez que el Gobierno de España rectifica, acierta, y en este caso lo tiene que hacer”, ha martilleado el vicepresidente. En la Junta no entienden, con los datos en la mano, cómo en otros territorios del país “se ha permitido el paso de fase por distritos o por zonas y en Andalucía no se haya hecho” con una incidencia de la enfermedad “por debajo de 100 personas en unidades de cuidados intensivos (UCI) de la comunidad” y con más de "30.000 camas disponibles”, de “110.000 profesionales de la sanidad pública”, o más de “1.000 UCI preparadas por si fueran necesarias” ante un posible rebrote.

Al margen de lo que consideran un “agravio” comparativo, Marín, quien ha mantenido un encuentro virtual con el Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), ha constatado que en el sector predomina la prudencia cargada de preocupación. Son conscientes de que la movilidad entre países va a ser “prácticamente nula, salvo por cuestiones de extrema necesidad”, máxime cuando el Ejecutivo central ha fijado la obligación de guardar una cuarentena de 14 días a los viajeros internacionales a partir del 15 de mayo.

El turismo internacional “ha muerto”, ha llegado a aseverar el titular autonómico de la cartera del ramo, por lo que la Junta dirigirá sus esfuerzos al nacional y “de proximidad”, con campañas de promoción “a partir del día 20” enraizadas en una idea principal: “Andalucía como destino seguro”. Marín ha anotado que, de nuevo, “será necesaria la interlocución entre el Gobierno de España y los autonómicos” en ese ámbito, para “ver en qué medida se van a poder ir pasando las fases”. Punto en el que ha señalado la conveniencia de que “la libre circulación de ciudadanos, al menos dentro del territorio andaluz, se pueda llevar a cabo a lo largo del mes de junio”.

“Hoy por hoy no se permite la libre circulación de ciudadanos andaluces de unas provincias a otras, en el País Vasco sí, pero aquí no”, ha lamentado, para coser: “Parece ser que todos no somos iguales para este Gobierno de Sánchez e Iglesias -Pablo, el vicepresidente-”. Con todo, trabajan para que, "si esa normalidad se recupera, las campañas de promoción” ayuden a recuperar la actividad turística.

El abrir las playas, “en el hombro de los ayuntamientos”

El “número dos” del Ejecutivo autonómico ha insistido además en que “no se puede dejar caer en el hombro de los ayuntamientos la responsabilidad de abrir las playas” porque “ni van a tener medios ni personal para poder garantizar la seguridad” en las mismas.

Ha afeado que desde Madrid se hayan limitado a elaborar un protocolo que “no es obligatorio” y no hayan puesto sobre la mesa “medidas financieras” para que las administraciones municipales logren asumir esa “carga”. Ha recordado que la Junta sí les está respaldando, con iniciativas como la línea de ayudas de 10,5 millones impulsada “para garantizar la seguridad" en el litoral. “Pero falta la pata del Ejecutivo central”, ha recalcado Marín.