El juez reafirma la “irregularidad” del préstamo de 5,8 millones concedido por la Junta a la empresa Hamsa

Balón de oxígeno para la causa judicial en la que se investiga el préstamo «puente» de más de 5,8 millones que la Junta concedió a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa) –luego Campocarne y Primayor– en noviembre de 1999 en la que se señaló al ex presidente de la Junta Manuel Chaves y al ex consejero andaluz Gaspar Zarrías. La defensa de este último solicitó el sobreseimiento de las actuaciones respecto del mismo y se agarró, entre otras cuestiones para hacerlo, en «la inexistencia de indicios de criminalidad» que justificaran su continuidad, al afirmar que todo lo concerniente a la asignación del mencionado préstamo se hizo con «completa y absoluta regularidad y legalidad». A ello sumó el ex consejero que él no intervino, ya que fue el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) el que se lo asignó a Hamsa y la decisión no pasó por la Comisión General de Viceconsejeros que presidía. La única participación que sí reconoció el ex alto cargo de la Junta es la de suscribir un acuerdo con el presidente de Campocarne en el que «se reforzaban las garantías de devolución del préstamo» al obligarse la beneficiaria a «destinar un porcentaje de otras ayudas que recibiere a la amortización del mismo». Una versión de la historia que no comparte el magistrado de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana, quien ha desestimado la petición de que se diera carpetazo al proceso, según informaron ayer desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En un auto, fechado el pasado 18 de junio y consultado por LA RAZÓN, el juez sostiene que la demanda de sobreseimiento «se antoja de todo punto prematura, pues se deduce cuando ni tan siquiera han sido practicadas las primeras diligencias acordadas en orden al pleno esclarecimiento de los hechos». Añade el instructor que, de momento, «no pueden compartirse en el presente estadio procesal las categóricas afirmaciones», que no cree sustentadas en «evidencias incorporadas a las actuaciones», sobre la «completa y absoluta regularidad de cuanto se hizo» en torno a la operación que posibilitó la almohada financiera de casi seis millones de euros.

En cuanto a la participación concreta de Zarrías, anota Vilaplana en su resolución, que no se puede deducir ya que, en calidad de «responsable y titular de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía –cargo que ostentó desde el 17 de abril de 1996 hasta el 24 de abril de 2009–; no interviniera ni conociera «la génesis, naturaleza y alcance de las ayudas objeto de las presentes actuaciones». «Por el contrario –cose en el auto–, sí es posible deducir que habría resultado conocedor y partícipe del irregular sistema de concesión y financiación de las mismas». En definitiva, el juez estima que hay que avanzar y que las diligencias previstas «resultan idóneas, aptas y adecuadas» para hacerlo.