La concertada guarda dos minutos de silencio contra la “Ley Celaá”

La educación concertada ha guardado dos minutos de silencio a las puertas de cada centro, y de espaldas a la calle, para protestar por la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de la Educación (Lomloe), popularmente conocida como “Ley Celaá”. Seguidamente, se dio lectura a un manifiesto elaborado por la plataforma a nivel nacional en contra de esta norma.

En el acto ha intervenido una representación de la comunidad educativa: las familias, los equipos directivos, los profesores, el Personal de Administración y Servicios (PAS) y los alumnos.

La convocatoria de estos actos en Andalucía corresponde a Escuelas Católicas de Andalucía, Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE Andalucía), la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) de Andalucía, FEUSO Andalucía, Concapa Andalucía y Fapyma, organizaciones andaluzas integradas a nivel nacional en la Plataforma de Concertados.

Los convocantes trasladan que “patronales, sindicatos y confederaciones de padres de la concertada coinciden en rechazar la Lomloe, tanto por el momento, como por la forma y, sobre todo, el contenido”.

En relación al momento elegido, esgrimen que “su tramitación se produce en plena pandemia, entre estados de alarma, en una situación crítica en lo sanitario y por ende en lo económico”.

Sobre la forma, los convocantes apuntan que “la norma aleja definitivamente la legislación educativa de cualquier posibilidad de consenso y pacto con los actores implicados, a los que ni siquiera se ha llamado para negociar el documento: no es que haya buscado el consenso, es que por primera vez en la historia de la democracia ni siquiera se ha pretendido el diálogo”.

“Pero sobre todo es una ley nefasta por su fondo sectario y excluyente y por su lista de agravios contra la libertad de enseñanza”, han esgrimido las asociaciones y sindicatos convocantes.

Los representantes de la concertada y privada estiman que “la Lomloe supone un ataque sin precedentes al derecho de padres y tutores a elegir la educación que quieren para sus hijos, derecho avalado por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.

Con la eliminación de la demanda social para la programación de los puestos escolares, sostienen que se “concede al Estado un poder absoluto y absolutista para realizar una planificación unilateral de los centros, más propia de regímenes totalitarios que democráticos”.

Otro reproche de la educación concertada y privada se dirige hacia lo que describe como “un derecho a la educación pública, completamente inexistente en la jurisprudencia y doctrina constitucional española y europea, y en la práctica opuesto al derecho universal a la educación, que solo puede garantizarse con la complementariedad de la oferta entre colegios públicos, concertados y privados”.