Reactivan la investigación sobre ayudas para cursos ligada al ex “número 2″ del PSOE-A tras su cierre en falso

Fue hace más de una década. Rafael Velasco presentó en octubre de 2010 su dimisión como parlamentario andaluz y de su cargo como segundo de a bordo del entonces líder del PSOE-A, José Antonio Griñán, puesto en el que luego lo sucedería Susana Díaz. Alegó «motivos personales» y se revolvió ya que, a su juicio, se habían traspasado con su familia ciertos códigos. La matriz de la cascada de desgracias fueron los 730.000 euros que ex gobiernos andaluces socialistas asignaron a la empresa Aulacen Cinco S. L., cuya administradora era la mujer del ex «número dos» del PSOE, y que diez años después siguen judicializados en Sevilla y en Córdoba, punto este último en el que estaba enraizada la sociedad.

La jueza Mercedes Alaya colocó en el punto de mira aquellos fondos públicos y luego, quien la sucedió a los mandos del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la actual titular María Núñez, archivó la investigación que se cimentó sobre cuatro de las subvenciones concedidas al «entramado empresarial» vinculado a Velasco, por un valor de 193.938 euros, según se desprende de la documentación judicial. Pero ahora, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha reactivado de nuevo el asunto, tras años de parálisis, idas y venidas. En un auto fechado el pasado 28 de diciembre, al que tuvo acceso LA RAZÓN, el tribunal provincial asevera que la decisión de Núñez fue «precipitada» y no estaba «suficientemente motivada», al haber «sido adoptada contraviniendo lo ordenado por esta Sala» en una resolución anterior y, por ello, «sin disponer de toda la información que sería necesaria para respaldar las genéricas afirmaciones de la instructora en el sentido de descartar la trascendencia penal de las irregularidades cometidas en los mencionados expedientes». Se refiere a que ya habían revocado un anterior sobreseimiento para que fueran elaborados unos informes por parte de un equipo de funcionarios de auxilio judicial, tras el estudio de tres expedientes que se le indicaron al juzgado y que no se habrían recabado. Ello, pese a haber «sido una diligencia acordada» por el propio órgano judicial y de las directrices dadas por la Audiencia sevillana. De hecho, los magistrados de ésta dejan constancia en su auto de finales de 2020 que Núñez no descendió en su resolución, recurrida por la representación procesal del PP, a «un análisis detallado y separado, en cada uno de los expedientes, de esas irregularidades de las que habla» ni se desmenuzó «la conducta de cada una de las personas que pudieran estar concernidas por la investigación». Lo que sí hizo la magistrada fue descartar «en términos muy genéricos, que no son aplicados o identificados con alguno o algunos de los expedientes en concreto, la existencia de delitos de prevaricación y malversación».

Desde esa óptica, el tribunal provincial entiende que la resolución de sobreseimiento libre «no es aceptable», por lo que estima parcialmente el recurso del PP y lo revoca, con el objetivo de que el juzgado instructor concrete, en relación al objeto del proceso, «las personas que en el mismo tienen la condición de investigadas», lo cual fue omitido en el auto de incoación. Busca además que se elaboren una serie de informes sobre los cuatro expedientes de subvenciones de ámbito regional, concedidas por la Dirección General de Formación para el Empleo, para que el órgano judicial pueda estar en «mejores condiciones» para determinar lo que «entienda procedente en derecho» y para valorar si cree conveniente o no la práctica de más actuaciones en los límites de una causa que volvió a unir a tres vértices: PSOE-A, Junta y fondos públicos.

Lo que sí se confirma es la inhibición acordada en favor de los juzgados de Instrucción de Córdoba respecto a los hechos relativos a los expedientes de subvención «identificados con dígito 14», esto es, otras nueve ayudas concedidas por la Delegación Provincial de Empleo, aunque durante el prolongado proceso, alguna fue remitida de vuelta a Sevilla.

Los investigadores intentaron dilucidar si hubo anomalías durante el otorgamiento, gestión, justificación y liquidación de ayudas destinadas a formación para el empleo y asignadas por ejecutivos autonómicos. Alertaron de «irregularidades manifiestas» en los expedientes con los que pudieron trabajar, ya que la información demandada, se quejaron, no acababa nunca de llegarles.