Vilaplana envía a juicio a 30 procesados por las ayudas de la Junta a la sierra Norte de Sevilla, entre ellos a Rivera

Impone fianzas superiores a los 2 millones para un ex gerente del IFA y un ex alcalde socialista de Guadalcanal

En la imagen, el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera
En la imagen, el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Daniel Alberto RiveraEUROPA PRESS EP

Los ex gobiernos andaluces socialistas regaron la sierra Norte de Sevilla no con agua, sino con millones de euros, que acabaron en el punto de mira de la Justicia, en el ámbito del “macroproceso” de los ERE presuntamente fraudulentos. Ahora el juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha acordado la apertura del juicio oral contra una treintena de encausados, por la comisión de los presuntos delitos de malversación y prevaricación administrativa vinculados a 22,1 millones de aquellos fondos públicos. Entre ellos se encuentran el ex director general de Trabajo de la Junta Daniel Alberto Rivera, el ex gerente del extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla Manuel Enrique Rodríguez, o el ex alcalde socialista de Guadalcanal Carmelo Montero. Los cree “presuntos responsables penales y civiles directos”.

A los treinta, Vilaplana ha sumado 11 entidades empresariales, en calidad de «responsables civiles subsidiarios y de partícipes a título lucrativo»; a la Caja San Fernando de Sevilla Jerez, sólo como «responsable civil subsidiario»; y, bajo la etiqueta única de «partícipes a título lucrativo», a otras siete personas físicas y jurídicas.

En un auto, fechado el pasado 20 de enero y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el magistrado requiere a los 49 acusados, responsables penales y civiles, para que en el plazo de un día presten, cada uno de ellos, su fianza, con el fin de “asegurar las responsabilidades pecuniarias” que pudieran imponérseles. A Rivera se ha ligado la cuantía de 12.800 euros, a Rodríguez de 2.350.300 y a Montero de 2.442.700 euros. El juez les ha advertido a todos en su resolución de que, de no hacerlo, “se les embargarán bienes en cantidad suficiente” para garantizar la cifra de más de 31 millones señalada en conjunto. Y se matiza que la fianza reclamada a cada uno de los acusados “no puede dejar de ejecutarse por el hecho de que alguno o algunos de aquéllos hayan prestado su correspondiente cautela”, así como que “no es solidaria”.

Otros ex altos cargos del Ejecutivo autonómico fueron excluidos de esta pieza del “macroproceso” de los ERE, al haber sido ya investigados y condenados por la Sección Primera de la Audiencia sevillana en el bloque político que orbitó en torno al denominado procedimiento específico por el que se repartieron las subvenciones.

Vilaplana declara, por último, “órgano competente”, para “el conocimiento y fallo” de la causa de nuevo a la Audiencia Provincial de Sevilla.