Formación
Empleo desatasca casi 30.000 becas para cursos pendientes, en algunos casos desde 2010
Ni la covid ha frenado la tramitación de esos expedientes que han supuesto ya el pago de 8,86 millones
Hay ayudas que se pierden por caminos secundarios, pero ¿puede pedirse una beca ligada a un curso de formación y que te la paguen nueve o diez años después? En Andalucía ha pasado. S. C., un vecino de Punta Umbría (Huelva), solicitó fondos para el transporte en 2011 y le ingresaron algo más de 500 euros en abril de 2019. Y no es la excepción que confirma la regla. Ha sucedido en un nutrido número de ocasiones.
La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha gestionado en dos años casi 30.000 expedientes de esas ayudas, en concreto 22.880, extraídos de una maraña pendiente de desenredar, en algunos casos desde 2010, con la que se toparon al desembarcar en el Gobierno autonómico en 2019. Del mencionado cómputo global, 13.883 se tramitaron en 2019 y los 8.997 restantes en 2020, según los datos que manejaba ese departamento de la Junta el pasado 21 de diciembre.
La mayoría, 20.502, se resolvieron de forma favorable a los solicitantes. Con detalle, 12.988 en 2019, que supusieron un desembolso de más de 4,37 millones en órdenes de pago; y 7.514 en 2020, cuando se autorizó el abono de 4,49 millones. En conjunto, 8,86 millones. Por territorios y ese último ejercicio, fue Sevilla la provincia más fertilizada con esas becas sin tocar en años, con 3.314; seguida de Málaga, con 1.181; y de Cádiz, con 1.040. Hasta Granada llegaron fondos para pagar 1.003, Jaén se anotó 528, Huelva 347, Córdoba 56 y Almería 45.
Para poder hacer frente al volumen de gestión, se aprobó un plan de choque gracias al cual se incorporarían 181 funcionarios interinos, 154 de ellos a las delegaciones territoriales de la consejería, y 27 a los servicios centrales. Si bien, justo cuando comenzaron los llamamientos de ese personal, en marzo de 2020, disminuyó el latido del sistema, a consecuencia del estallido de la crisis sanitaria causada por la Covid-19, que provocó que el Gobierno central declarara el Estado de alarma en el país y el cierre parcial de la Administración. Sólo se mantuvieron activos los servicios esenciales, que han tenido que resolver una ingente labor vinculada, por ejemplo, a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que se sucedieron en cascada y durante meses.
Al tiempo que se trabajaba en diligenciar ese cúmulo de becas, se armaba lo relativo a 2021. El Presupuesto para este ejercicio recoge una nueva inversión de 7,23 millones para la contratación del mencionado equipo de interinos y otros diez para la concesión de becas y ayudas a desempleados que participen en acciones formativas. Están dirigidas, en esencia, a quienes necesiten conciliar la mejora de su cualificación profesional con el cuidado de hijos menores de seis años, a personas dependientes, así como a asistentes a los cursos que sufran algún tipo de discapacidad. Cubren gastos para transporte, manutención o alojamiento. Y hay más. Empleo quiere introducir novedades en la regulación de esas becas, como el alza a los 12 años del límite de edad de los menores a cargo que dan derecho al cobro, o eliminar, en la ayuda por transporte público, la obligación de presentar los títulos de viaje acreditativos del gasto realizado. Se pretende además incluir una beca de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género.
La titular de Empleo, Rocío Blanco, asegura a LA RAZÓN que la intención de su consejería es que a lo largo de esta anualidad «queden resueltas todas las solicitudes» de esos incentivos, pese a la situación excepcional en la que el coronavirus ha sumido a la comunidad, como al mundo en general. De hecho, ha sido un objetivo prioritario desde que tomaron conciencia del retraso que había en relación a ellas. De cara al futuro, se buscará afianzar los equipos que controlen la operativa para poder hacerlo y mejorar en la automatización de los procesos. Además, con la novedosa regulación, se pretende «dotar de agilidad al procedimiento, favorecer la conciliación familiar y proteger a las mujeres en situación de extrema vulnerabilidad», según la consejera. Todo para que lo aplazado no vuelva a flamear como una bandera roja.
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