Un juez de Córdoba autoriza la vacunación de dos residentes que se negaron a recibir las dosis

Un juez de Córdoba ha autorizado a los servicios médicos de dos residencias de Córdoba a que procedan a la vacunación de sendos residentes que habían expresado su rechazo a las dosis, en un caso, y alegado en otro que le sentaban mal los medicamentos.

En el primero de los autos dictados por el titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Córdoba y facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez indica que la directora de una residencia de mayores comunicó que las hijas de la residente, que ingresó de forma “involuntaria” en el centro, se negaron a que se le inocule una vacuna contra el Covid-19 “alegando que le sientan mal muchos medicamentos o la vacuna de la gripe”.

Sin embargo, tras la exploración judicial de la residente, se remitió el informe sobre la pertinencia de dicha vacunación al Ministerio Fiscal, que determinó que la afectada “carece de suficiente capacidad para decidir por si misma”.

Además, subraya el fiscal que sus familiares cercanos “tienen atribuida su representación” si bien, a pesar de la oposición de éstos, “procede autorizar la vacunación en la medida en que conlleva importantes beneficios para la prevención de la salud”.

El fiscal también detalla que de no hacerlo “se derivaría un riesgo inaceptable para la salud del resto de usuarios, así como para las demás personas que trabajan en el centro”.

Por otro lado, en un segundo auto, el juez indica que otra directora de un centro de mayores comunicó que otra residente había expresado la voluntad “de no vacunarse” y que al tratarse de una usuaria con “presunta incapacidad para decidir voluntariamente debido a su deterioro cognitivo” se ponía en conocimiento de este Juzgado dicha circunstancia.

Tras la exploración judicial y el informe médico el Ministerio Fiscal determinó igualmente que la usuaria “carece de suficiente capacidad para decidir por si misma” y que la dirección del centro “tiene atribuida su representación”.

Por ello, el fiscal considera que se procede “autorizar la vacunación en la medida en que conlleva importantes beneficios para la prevención de la salud” y que de no hacerlo “se derivaría un riesgo inaceptable para la salud del resto de usuarios así como para las demás personas que trabajan en el centro”.

Por todo ello, el juez ha autorizado a los servicios médicos de las residencias a que procedan a la vacunación de ambas residentes.