La Consejería de Hacienda ve muy complicada la gestión si no se aprueba el Presupuesto de 2022

Las referencias al cuarto Presupuesto del «Gobierno del cambio», nacido sin los apoyos que, de momento y sin visos de ello, lo sustenten en el Parlamento remiten a Whitman: «En nuestros dedos no descansan unas hojas sino que tiembla un hombre». La misión a la que ha sido embarcado el consejero de Hacienda, Juan Bravo, y su equipo, inhóspita como la expedición de Shackleton a la Antártida, enlaza con la puesta en órbita de Laika (las cuentas, de hecho, se presentaron el día que se cumplían 64 años del hito). De momento, con los congresos de PSOE-A –este fin de semana– y PP-A por medio, la negociación de las cuentas parece congelada. El acuerdo depende, grosso modo, de tres actores. Vox, que está en el adelanto electoral; el PSOE-A de Juan Espadas, que teme un anticipo de los comicios pero necesita alguna bandera ante la militancia para justificar una abstención; y el Gobierno andaluz de PP y Cs, que necesita la aprobación de las cuentas para agotar una legislatura abocada al adelanto sin ellas en vista de que se pueden prorrogar las de 2021 pero a efectos prácticos se paralizaría en gran medida la ejecución de la inyección de los fondos europeos.

Desde el sector de Cs del Gobierno andaluz se viene defendiendo que las cuentas se prorrogarán si no hay acuerdo –hoy mismo Bosquet– y se agotará la legislatura. La intención del ala popular también es ésa, a pesar de que un adelanto electoral es bien visto –y alentado– desde Génova. Fuentes de la Consejería de Hacienda, no obstante, reconocen que si las cuentas no salen adelante, la prórroga será inmediata pero harán saber al presidente de las serias dificultades para continuar la legislatura, ya que sin el nuevo Presupuesto la gestión se complicaría en demasía. La decisión es de Juanma Moreno. La instrucción del presidente al elaborar las cuentas fue contemplar las peticiones de la oposición con el único límite del «equilibrio», es decir, sin trampear.

Desde la Consejería se quejan del reparto del déficit por parte del Ministerio de Hacienda –«Es su fiesta de cumpleaños y parte la tarta»– y de que la ministra Montero –que en el Congreso admitió que el PSOE-A se plantea apoyar las cuentas sin ir más allá– critique el Presupuesto andaluz «después de cumplir las tres reglas tras años sin hacerlo» al incluir una partida del 40% –en base a los datos de la AIReF– de fondos Covid. La intención de la Junta al incluir este apartado –algo que ha hecho también la Comunitat Valenciana, otras como Extremadura han aumentado el déficit– es «que se vea claro que estamos reclamando ese fondo». Desde la Consejería de Hacienda también se rechaza la crítica a la bajada de impuestos de Montero, argumentando que pese a ello Andalucía está recaudando más y se recuerda la herencia de la actual ministra y ex consejera del ramo con varias sentencias «peligrosas» para la Junta: una de más de 200 millones por los conciertos de Pascual; cerca de 100 del IVA de Canal Sur; y más de 300 del Polígono Las Aletas. «Si no pagamos –algo que rechaza la Consejería, que negocia la fórmula–, podemos cumplir el déficit», explicaron.

El principal escollo en la negociación con el PSOE-A, en este momento, está en las «medallas», al entender desde la Consejería que sus peticiones están recogidas en el Presupuesto. Por ejemplo, los socialistas pedían inversión en I+D sin especificar, y se recoge. También exigían 40 millones para infraestructuras sanitarias «y hay 400». La equiparación salarial de los sanitarios, «está a tres años». En concreto, el documento de peticiones del PSOE-A supone 853 millones, a los que habría que sumar 400 del mantenimiento de los 8.000 efectivos del personal sanitario y 200 de la equiparación. Es decir, alrededor de 1.500 millones. «¿De dónde lo quitamos?», cuestionan frente al entusiasmo de vender arena en el desierto. Al margen de la falta de fondos por los problemas de financiación, la Consejería rechaza estos gastos debido a que se consolidarían «para siempre».