Política

Villalobos valora que el cambio en la plusvalía municipal permite “aplicar con más justicia” el impuesto

En la provincia de Sevilla suponía la merma de 10,6 millones de ingresos para los ayuntamientos y más de 30 en la capital hispalense

Fernando Rodríguez Villalobos. RAQUEL PÉREZ ADRADOS
Fernando Rodríguez Villalobos. RAQUEL PÉREZ ADRADOSRAQUEL PEREZ ADRADOSRAQUEL PEREZ ADRADOS

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha valorado este martes la aprobación del Real Decreto con el que el Gobierno “da la solución a un asunto vital para las arcas municipales” como lo es el impuesto de plusvalía municipal (venta, herencia o donación de un inmueble), adoptándolo a lo dictado por el Tribunal Constitucional en la sentencia en la que, hace 13 días, anuló el cobro de este tributo por los ayuntamientos.

En una entrevista en ‘La mañana de Andalucía’, en Canal Sur Radio, Villalobos ha defendido que el nuevo texto normativo aprobado este lunes en el Consejo de Ministros permite “aplicar con más justicia” este impuesto que, en caso de no poder seguir cobrándose, suponía la merma de 10,6 millones de euros en los ayuntamientos de la provincia, exceptuando al de la capital, en el que la plusvalía deja más de 30 millones de euros anuales en las arcas.

El máximo responsable de la institución provincial y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincia (FAMP) ha agradecido la “generosidad y altura de miras” del Gobierno central al “aplicar el sentido común a una norma que necesitaba una revisión” para dar respuesta a un asunto que “no estaba bien regulado”. Villalobos ha instado a los ayuntamientos a “reducir al máximo posible” los seis meses de los que disponen para adaptar sus ordenanzas fiscales al nuevo impuesto.

El presidente de la Diputación ha defendido que la nueva plusvalía, con dos fórmulas de cálculo posibles, “se adapta a los vaivenes del mercado inmobiliario” y ha reconocido que los ayuntamientos esperaban este nuevo Real Decreto “como agua de mayo” para garantizarse unos ingresos necesarios para “prestar servicios públicos básicos”.