Los retrasos en las ayudas de la Junta al corcho eran «normales»

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla reanudó ayer el juicio relativo a las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a empresas vinculadas al sector del corcho de la Sierra Norte de Sevilla y su entorno, como Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, con cargo a la partida presupuestaria 31L, con la que eran sufragados los ERE que la Justicia investiga desde hace años.

La sesión incluyó la comparecencia como testigos de dos compañeros de trabajo del inculpado Gerardo C.E., encausado en el juicio por sus actos como responsable bancario. El primero de ellos coincidió con el acusado en la antigua Caja San Fernando y explicó que no le constaba «duda jurídica» alguna de las subvenciones otorgadas por la Dirección General de Trabajo cuando su responsable era Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020.

El segundo testigo reconoció que hubo «retrasos» en la entrega de las ayudas y las atribuyó a incidencias de «tesorería» en la Administración. «No había compromiso de que se pagase en una fecha determinada», matizó. No obstante, en relación a estas «demoras» agregó que «en general» eran una «dinámica normal» en las ayudas del conjunto de consejerías de la Junta, sin que por ello se interpretase que existía una intención de «no querer pagar».

Los acusados en esta pieza separada de la macrocausa de los ERE son Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE y hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, que era socio mayoritario, administrador único o apoderado de las empresas investigadas; el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero, como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; el coadministrador de las empresas Rogelio B.M.; un empresario portugués administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como Fernando Pedro M.O.; y el citado Gerardo C.E.

El caso abarca las ayudas concedidas entre 2001 y 2007, un total de 8.408.096,42 euros, a estas empresas «prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legales, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria», según el juez instructor, José Ignacio Vilaplana.