Andalucía ‘se aleja’ de Castilla y León: consecuencias para el pacto PP-Vox

La mayoría absoluta conseguida por el PP en Andalucía, que le evita el trago de un nuevo pacto autonómico con Vox como el que fraguaron en Castilla y León en marzo, tiene una serie de latentes consecuencias para el Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco (PP) y que vicepreside Juan García-Gallardo (Vox), quienes deberán lidiar ahora con el mantenimiento de su ‘excepcionalidad’ y, como poco, con unas municipales en 2023 que ya aprietan.

En Vox daban por hecho que el caso de Castilla y León, en forma de pacto con el PP, sería reproducido en las siguientes convocatorias electorales, comenzando por la andaluza, en las municipales y en las generales de 2023, pero lo ocurrido en Andalucía cuestiona esa tendencia, por lo que en las próximas semanas y meses habrá que analizar qué caminos toman tanto Mañueco como García-Gallardo en la gestión de lo que esperan sus respectivos partidos de ellos.

Con un PP liderado por Alberto Núñez Feijoó decantado hacia la moderación y receloso de los posicionamientos más duros de Vox, y visto que las mayorías absolutas vuelven a abrirse paso, está por ver cómo la estrategia nacional puede condicionar la relación de Mañueco con Vox, especialmente en aquellas cuestiones en las que se aprecian las principales diferencias, como el tratamiento hacia la violencia de género y el discurso sobre la inmigración.

Por otra parte, en el caso de Vox, sin la vinculación que implica entrar en el Gobierno andaluz, los próximos meses determinarán si su oposición al PP en ese territorio -antes no estaban en el Gobierno pero apoyó los primeros años del Ejecutivo PP-Cs- y por extensión, a su interacción con el PP de Feijoó siguen la vía de la segregación y no tanto de la integración que parecía marcar el pacto en Castilla y León.

Seguramente Vox analizará qué factores han determinado que, frente a una campaña en la que plantearon abiertamente la expectativa de ganar las elecciones y convertir a Macarena Olona en presidenta, han dejado su subida respecto a 2018 en únicamente dos escaños, hasta alcanzar los 14, sólo uno por encima de los 13 cosechados en Castilla y León y muy lejos de lo que proporcionalmente suponen en ambos parlamentos autonómicos.

En concreto, los 14 escaños de Vox en Andalucía equivalen al 12,8 por ciento de los 109 de que consta el Parlamento andaluz, mientras que en Castilla y León suponen el 16 por ciento, cuando en la anterior legislatura únicamente tenían un representante en las Cortes.

Finalmente, a Feijoó le han encajado las piezas y, tras desentenderse y atribuir el pacto en Castilla y León a la anterior dirección del PP, ahora gana tiempo y no tiene que entenderse con Vox, en una especie de vuelta a sus orígenes mayoritarios que dejó en Galicia, que con el resultado de ayer abandona su condición de reserva política de la mayoría absoluta.

Si en Andalucía se hubiera reproducido ese pacto entre el PP y Vox, la coalición en Castilla y León hubiera perdido foco nacional, ya que la mirada estaría puesta en la expectativa de reproducción de esa fórmula y no tanto en la posibilidad de que el PP pueda convencer a su potencial electorado de que, tras los años de Cs y Vox, pueden recuperar las mayorías que parecían en extinción.

Y con todos estos mimbres, Castilla y León encara unos meses que pueden marcar hacia dónde irá el gobierno de coalición, que tiene por delante una negociación interna de los presupuestos que no se antojan fáciles, dados los precedentes y los puntos de partida de ambos partidos: con un PP partidario de la continuidad de los presupuestos que dejó inextremis en el tintero y con un Vox achuchando con propuestas que parecen cumplir con sus planteamientos del “cambio de rumbo” que plantean, pero que no se concretan.

Han sido varias las patadas hacia adelante que el PP ha dado a algunas de las exigencias de Vox para llegar a su acuerdo de Gobierno: los compromisos de tramitación de las leyes de violencia intrafamiliar y de concordia no son más que eso, compromisos para tramitar leyes, algo que ya ocurrió en la anterior legislatura con asuntos tan trascendentes como la reforma sanitaria, la Oficina contra el Fraude o los propios presupuestos de 2022.

Algo similar ocurre con el último de los anuncios planteados por Vox, referido a la reducción a la mitad de algunas de las subvenciones que reciben los sindicatos y la patronal, ya que en el PP no ocultan su incomodidad con este tipo de planteamientos, que quiebran uno de los pilares estatutarios de la Comunidad, como es el Diálogo Social.