Memoria Histórica

Andalucía prioriza para 2022 exhumaciones e identificaciones

La Junta prevé constituir el comité de símbolos contrarios

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en funciones, Patricia del Pozo. Rafael Madero / Europa Press
La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en funciones, Patricia del Pozo. Rafael Madero / Europa PressRafael MaderoEuropa Press

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía apuesta, en materia de memoria democrática, por priorizar en este año 2022 “las actuaciones encaminadas a la exhumación de fosas” y “la posterior identificación genética de los restos recuperados”, y contempla constituir el Comité Técnico sobre Símbolos contrarios a la Memoria democrática de Andalucía.

Así se recoge en el borrador del Plan Anual de Memoria Histórica y Democrática para 2022, al que ha tenido acceso Europa Press al quedar expuesto a información pública, y al que se pueden presentar alegaciones en un plazo que concluye el próximo 2 de agosto.

Este plan se enmarca en el I Plan cuatrienal 2018-2022 cuya aprobación acordó el Consejo de Gobierno de la Junta el 13 de noviembre de 2018 para el “desarrollo de la política pública de memoria democrática en Andalucía, fundamentada en los principios de verdad, justicia y reparación, así como de garantía de no repetición, y en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres”.

En concreto, el Plan Anual de Memoria Histórica y Democrática para 2022 tiene como objetivo “continuar con el trabajo desarrollado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico con el de fin asentar las políticas de memoria histórica y de concordia entre todos los andaluces”, según se recoge en el borrador, donde se especifica que, “como máxima expresión de las acciones encaminadas a la reparación de las víctimas, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2/2017 --de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía--, mediante el presente plan se priorizan las actuaciones encaminadas a la exhumación de fosas y a la posterior identificación genética de los restos recuperados”.

El borrador del plan para este año 2022 contempla dos objetivos generales --que son los de “cooperación y coordinación de las administraciones públicas, entidades memorialistas y ciudadanía”, y “reconocimiento institucional y reparación de las víctimas”-- y cinco operativos.

Así, el plan contempla la celebración de “convenios con otras Consejerías de la Junta de Andalucía” y con “entidades locales que puedan contribuir a desarrollar y mejorar las acciones en materia de memoria histórica y concordia”, y con la Administración General del Estado “para acelerar los trabajos de localización y exhumación de víctimas desaparecidas”.

EXHUMACIÓN EN LA FOSA DE PICO REJA DE SEVILLA

La “renovación de convenios con universidades en aquellos casos en que esté justificado y así lo consideren conveniente las partes” es otra de las acciones contempladas en el primer objetivo operativo, en el marco del cual “se seguirá dando cumplimiento a los compromisos adquiridos por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico mediante la firma del convenio con la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla para la exhumación de los restos que se hallen en la fosa de Pico Reja, al que el pasado año se ha incorporó el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática”.

Del mismo modo, “una vez firmado el convenio de colaboración con la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba para el desarrollo de los trabajos de exhumación de las fosas de los cementerios de la Salud y San Rafael, en Córdoba, se dará cumplimiento a las actuaciones y fines que en el mismo se prevén”, según se anuncia en este plan, en el que se detalla que, para este año 2022, las aportaciones de las tres administraciones será de 365.000 euros”, de los que 125.000 corresponden a la Junta.

Además, la Consejería de Cultura se compromete en este plan a desarrollar “a lo largo de este año 2022″ las actuaciones y los objetivos contemplados en los convenios de colaboración firmados en diciembre de 2021 con cinco universidades públicas andaluzas para el desarrollo de los trabajos de localización de fosas en las provincias de Jaén, Cádiz y Málaga, y de exhumación de fosas --en las provincias de Granada y Sevilla-- de las víctimas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura”.

La Junta avisa además en este borrador que, “en caso de que el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática transfiera recursos financieros a la comunidad autónoma de Andalucía en cumplimiento del Plan Cuatrienal (2021/2024) para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil o la represión política posterior, se podrá abordar la prórroga de los convenios suscritos con las universidades andaluzas en aquellos casos en que se estime necesario”.

Por otro lado, la consejería que dirige actualmente en funciones Patricia del Pozo señala en este borrador que, “teniendo en cuenta que el convenio actualmente vigente en materia de identificación de víctimas expirará el próximo 11 de septiembre del presente año, se impulsará la prórroga del mismo por un plazo de un año”.

BANCO DE DATOS DE ADN

Además, y “con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto” en el artículo 13.3 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, “se continuará con los trámites para modificar el convenio de colaboración específico entre la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada para la creación de un Banco de Datos de ADN de restos de víctimas de la Guerra Civil y la posguerra hallados en fosas de la comunidad autónoma andaluza, con el objeto de incluir en dicho Banco lasmuestras de aquellas personas voluntarias que, tras su acreditación, deseen formar parte de este banco de datos por su condición de familiares víctimas”.

Por otro lado, la Consejería se propone, entre otras acciones, dar subvenciones a entidades memorialistas, a ayuntamientos y a universidades, en los tres casos “priorizando a las que dirijan sus actuaciones a trabajos localización y exhumación de fosas con víctimas desaparecidas”, así como celebrar “reuniones con el Consejo de Memoria Histórica y Democrática” y elaborar la “base de datos en materia de localizaciones y exhumaciones de fosas que integre todas las actuaciones, sujetos, objetos y resultados”.

Por otro lado, la Junta contempla en su plan impulsar la realización de “actuaciones de indagación, localización, delimitación, exhumación y estudio antropológico de restos hallados en fosas del territorio” de la comunidad autónoma por un valor de 230.000 euros.

JORNADAS ‘LETRAS PARA LA CONCORDIA’

De igual modo, la Consejería de Cultura propone la celebración de las jornadas dirigidas a la ciudadanía denominadas ‘Letras para la concordia’ en la que “diversos expertos tratarán sobre los esfuerzos que numerosos escritores e intelectuales españoles, ideológicamente enfrentados, llevaron a cabo para facilitar el camino de concordia que permitiera el asentamiento de la Democracia en España a partir de 1978″.

También, colaborar, “en el marco de competencias que la ley atribuye a la Administración autonómica, en las investigaciones de menores recién nacidos sustraídos y niños adoptados sin autorización de sus progenitores durante el período al que se refiere la normativa vigente”.

Finalmente, la Consejería se propone para este año 2022 actualizar el Inventario de Lugares de Memoria Democrática, y la “constitución del Comité Técnico sobre Símbolos contrarios a la Memoria Democrática de Andalucía”.

El presupuesto para realizar las actuaciones previstas en este Plan asciende a 1.390.129 euros, “a lo que habrá que sumar la aportación que, en su caso, haga la Administración General del Estado en cumplimiento del Plan Cuatrienal (2021/2024) para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil o la represión política posterior, de conformidad con los criterios de reparto que se establecieron en la I conferencia Sectorial de Memoria Democrática”.