La Junta de Andalucía busca ser más operativa en las provincias

Una vez conocida la reestructuración de las consejerías del Gobierno andaluz, toca ahondar en los detalles. El siguiente paso que dará el presidente de la Junta, Juanma Moreno, es la próxima aprobación de los 13 decretos de estructura de los departamentos y el nombramiento de las personas que serán titulares de los centros directivos. Posteriormente, llegará uno de los más trascedentes: diseñar la organización de la denominada Administración periférica, una cuestión clave que garantiza el buen funcionamiento de la Administración autonómica en las ocho provincias andaluzas.

El Gobierno de este segundo mandato de Moreno, marcado por la mayoría absoluta conseguida el pasado 19 de junio, cuenta con 13 consejerías, dos más que en la anterior etapa en la que el PP gobernó en coalición con Ciudadanos.

Sin embargo, Moreno ha venido asegurando que no quiere que esta nueva estructura implique más gasto en personal. Que haya dos departamentos más es fruto de la acumulación de competencias que había en algunas áreas en la etapa anterior, como era el caso de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local que dirigía el entonces vicepresidente, Juan Marín. Junto a ello, Moreno se reunió tras las elecciones con representantes de sectores económicos que pidieron desgajar varias áreas para que tuvieran consejerías en exclusiva. De esta manera, separó Agricultura de Medio Ambiente, aunque al primer departamento, que dirige Carmen Crespo, le sumó las políticas de agua. Junto a ello, ha unido Turismo a Cultura y ha creado dos consejerías con competencias en exclusiva: la de Universidad, Investigación e Innovación y la de Política Industrial y Energía.

Con todo, Andalucía cuenta con uno de los gobiernos regionales más reducidos, a pesar de ser la comunidad autónoma más poblada de España con casi 8,5 millones de habitantes. Moreno, recientemente, aseguró que la Junta tiene un techo competencial alto que obliga a contar con estructuras «más potentes». De esta manera, era necesario ampliar el número de consejerías porque Andalucía «no se puede gestionar» con un número de departamentos similar al de una comunidad con medio millón de habitantes.

Sin embargo, no es la primera vez que la Junta cuenta con 13 consejerías, ni es el número más alto de departamentos, que llegó a situarse en 15 en la legislatura de 2008. Los gobiernos de Chaves en 1996, de Griñán en 2010 y Susana Díaz en 2015 también tenían 13 consejerías.

Moreno se enfrenta ahora al reto de reformar la gestión en las provincias, buscando así más proximidad y operatividad. Ha reconocido que en este nivel de la Administración se producen «cuellos de botella», ralentizándose la tramitación de expedientes y la toma de decisiones. Como es habitual, la Junta mantiene delegaciones provinciales en las ocho provincias andaluzas.

El problema reside en que en las últimas legislaturas, con motivo de la necesidad de reducir el gasto público, las delegaciones territoriales de las consejerías en las provincias mantenían competencias compartidas, agrupando funciones de dos consejerías. Esto ha supuesto un doble problema. Primero, la coordinación con los servicios centrales de la Consejería, ya que eran dos responsables políticos los que compartían delegado. Y, segundo, y el más importante, que las delegaciones no cuentan con la misma estructura administrativa que los servicios centrales. En la práctica, esta situación suponía que muchos expedientes administrativos tardaran más de la cuenta en tramitarse y que se ralentizaran procedimientos necesarios para dinamizar la economía de los territorios.

De hecho, a mediados de la recién finalizada legislatura, el Gobierno andaluz tuvo que nombrar delegados territoriales exclusivos para los dos macrodepartamentos de Agricultura y del vicepresidente Juan Marín, dado el elevado número de expedientes que generaban.

El nuevo diseño deberá ser más eficiente, amoldado a la estructura del nuevo Gobierno andaluz y no debe implicar un aumento excesivo del gasto.

En cuanto a los altos cargos, según datos recabados por LA RAZÓN, la Junta mantenía a día de ayer un total de 271 personas con esta condición, algunos de ellos con doble adscripción. El ahorro en gasto de personal alcanzó los 14,5 millones durante la legislatura pasada, en comparación con el último gobierno socialista. Moreno tiene margen para incorporar más personal directivo vinculado a la Administración sin que ello suponga un gasto excesivo.