La Junta de Andalucía pide «arrimar el hombro» con la sequía y huir del «ecologismo radical»

El agua va a ser un tema recurrente esta legislatura, al menos mientras dure la sequía. También en el Parlamento, donde ya se detectó el especial ánimo de confrontación del grupo socialista, que para defender al Gobierno de Pedro Sánchez llegó a asegurar que las obras comprometidas por la Junta de Andalucía «ni están proyectadas». La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, salió al paso de las acusaciones a su departamento y aseguró que Andalucía sí fue «previsora» al adelantarse a otras administraciones poniendo en marcha dos decretos de sequía, dotados con 141 millones de euros, y cuyas obras arrojan ya «un 48% de ejecución y ya aportan 23 hectómetros cúbicos de agua adicional a las zonas de la Axarquía o Campo de Gibraltar, entre otras». La situación, a su juicio, «no se presta a la demagogia» porque este no es un debate político sino «social y económico» para Andalucía, razón por la que llegó a pedir a la oposición que no caigan en el «ecologismo radical» que tiende a culpar a los regantes de una situación en la que son los grandes damnificados.

Crespo cerró la comparecencia en el Pleno solicitando a la oposición que «arrime el hombro» y pidió al Gobierno que ayude a Andalucía a través de la reprogramación de fondos del Next Generation que permite acometer inversiones claves para el futuro de comarcas que viven de los sectores agrarios y que sin agua se ven condenados a la miseria.

La consejera incidió en la necesidad de que todas las administraciones «tengan altura de miras y trabajen hombro con hombro, sin desdeñar ninguna fuente hídrica», porque «la situación de la sequía es preocupante y puede serlo aún más si no se producen precipitaciones en los próximos meses». Los embalses de Andalucía se encuentran al 24,9% de su capacidad, el nivel más bajo de la última década, con la Demarcación del Guadalquivir, competencia del Estado, al 21,4%, y las demarcaciones intracomunitarias, gestionadas por la Junta de Andalucía, al 33,66. Y por eso, se precisa «más desalación, aguas regeneradas, interconexiones y depuración», apostilló Crespo.

El esfuerzo inversor que está teniendo el ejecutivo andaluz en materia de depuración ha permitido incluso cumplir con Europa y bajar las sanciones de 12 millones de euros a 600.000 euros. Estamos ante «un gobierno valiente que está invirtiendo en agua y agricultura porque esas aguas regeneradas son fuentes hídricas adicionales para nuestros regantes».

La diputada socialista Mercedes Gámez defendió que el Gobierno central «licita, invierte y ejecuta», frente a la Junta, cuyas obras de interés de la comunidad «ni están en el Portal de Transparencia, ni están licitadas; es más, no están proyectadas». Y Por Andalucía señaló que el problema es «la sobreexplotación».