El exalcalde socialista de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos ha pedido a la Audiencia Provincial de Málaga que investigue la participación del excomisario José Manuel Villarejo y la supuesta manipulación de informes en el caso Astapa contra la corrupción política-urbanística en Estepona (Málaga).

El exregidor, que se enfrenta en el caso Astapa a diez años y nueve meses de prisión y 38 años de inhabilitación, ha pedido a la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, encargada de enjuiciar el procedimiento, que acepte unas diligencias, a las que ha tenido acceso EFE, como prueba anticipada a la vista oral.

En dicho escrito se indica que a raíz de las informaciones publicadas sobre la presunta participación de Villarejo en una organización criminal y en la elaboración de informes que podrían ser falsos en el caso Astapa se acepte el escrito para garantizar el derecho de defensa.

El abogado que representa a Barrientos pide “conocer la verdadera participación e influencia del excomisario en la planificación y desarrollo de la operación Astapa, que dio lugar a la incoación del presente procedimiento”, ya que “ha podido condicionar la validez de las graves medidas cautelares adoptadas y de lo actuado durante la instrucción”.

“Y es que todo apunta a la manipulación del sistema judicial para la consecución por determinados mandos policiales de fines espurios”, se indica en el escrito de defensa del exalcalde, que siempre ha mantenido su inocencia y ha denunciado que los informes policiales estaban “plagados de errores”.

La defensa recuerda en su escrito que ya en 2009 y 2011 se informó al juzgado instructor de supuestas falsedades policiales, manipulación de la realidad y que se incorporaban datos falsos y “silenciaban aquellos que podrían tener relevancia a efectos exculpatorios.

En aquel momento el juzgado no adoptó ninguna medida y lo justificó a la complejidad de la causa aunque indicó que “serían seguramente subsanados en informes policiales, lo que nunca sucedió”.

El fiscal presentó su escrito de acusación el 27 de junio de 2018 y el exregidor está acusado de delitos continuados de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, según el escrito provisional, que acusa a 51 personas, entre los que se encuentran exconcejales, empresarios y empleados municipales y se pide el sobreseimiento de 39.