El sector privado clama por la no politización del agua

Andalucía atraviesa la sequía más grave en 40 años. El quinto año consecutivo con déficit hídrico afecta especialmente a la agricultura y a la ganadería. Ante esta gravísima situación, el sector privado asegura haber hecho sus deberes y pide a las administraciones no politizar el agua sino aportar soluciones. Ésta es una de las grandes conclusiones del desayuno informativo organizado por LA RAZÓN bajo el título «Hacia un consumo sostenible del agua. Ideas y propuestas ante la sequía». Un debate que contó con Félix García, director general de Asaja Andalucía; Juan Carlos Gázquez, director adjunto de Cajamar Innova; Pedro Parias, secretario general de Feragua; y Mohieddine Serrhini, director de Euro Sfety Group de Grupo Lince.

El sector agrario necesita el apoyo «urgente» de las administraciones. Hasta ahora, el Gobierno central «está de perfil», según Félix García. «Es necesaria una dosis de cooperación, diálogo institucional y lealtad», agregó Pedro Parias, porque las iniciativas están llegando tarde y mal, pese a lo que hay en juego. Para García, el diagnóstico es «muy grave». «Es el quinto año con déficit hídrico y está afectado todo. El 1 de agosto la previsión de pérdidas en el campo alcanzaban los 8.000 millones en España. Andalucía por territorio y clima es la más perjudicada. Al menos el 50% de esa cifra. La situación no ha hecho más que agravarse en tres meses».

Pedro Parias coincide: «La situación es crítica y se puede convertir en dramática. La única solución es que llueva», señaló el representante de los regantes, ante el déficit de infraestructuras hídricas y el incremento gradual de las restricciones para riego que se ha acumulado. Aún así, no pierde la fe: «En la serie hidrológica de los últimos cien años no hay cinco consecutivos secos, llevamos cuatro y toca que se rompa». El cambio climático está cambiando los patrones de lluvia. La sequía actual es comparable a la del periodo 1992-95, no obstante, «nos hemos preparado mejor», explicó Parias. «Los planes de sequía hacen que afecte menos y se proteja el abastecimiento», añadió. Y recordó: «Los grandes sistemas no tienen problemas como Sevilla gracias a la presa de Melonares, que tuvo mucha oposición de los ecologistas y que está dando más de un año de garantía a Sevilla».

Juan Carlos Gázquez hizo hincapié en que «sin agua no puede subsistir ningún sector» y puso de relieve la obligación de «hacer una gestión integral de todos los recursos» para «optimizarlos», porque «los expertos dicen que España será uno de los territorios en los que más se repetirán estos episodios» y «la tecnología nos puede ayudar a solventar estos problemas».

«Hace unos años preguntamos a nuestros clientes cuál era su principal preocupación y ésta era tener garantizado el suministro de agua –continuó–, por eso pusimos en marcha Cajamar Innova, una incubadora de empresas de alta tecnología para gestión sostenible de recursos hídricos con la que ayudamos a cualquier emprendedor que tenga proyectos relacionados con el agua. Damos un paso más buscando soluciones al ámbito agrario, urbano e industrial».

Para entender la gravedad de la situación solo hay que analizar las pérdidas que se prevén en el olivar, el cultivo más extendido en Andalucía. En un año medio, el aceite de oliva produce 3.500 millones. El aforo prevé una reducción del 50%, por lo que «estamos hablando de más de 1.500 millones en pérdidas y millones de jornales menos». El impacto será «muy fuerte» en todo el tejido rural. «Aunque hay enlace de campaña, si se cumple el aforo, va a haber muy poco para afrontar las siguientes», enfatiza García, que prevé «pérdidas de entre el 20% y el 80% en todos los cultivos» y recuerda que la ganadería está aún peor. Aunque hay producciones con un precio alto, no se compensan con los elevados costes de producción y la nueva PAC, pensada en unos parámetros que nada tienen que ver con la realidad actual, «podemos tener un colapso económico». El récord de explotaciones de los primeros ocho meses de 2022, con 9.000 millones, tiene una doble lectura porque «ingresos no es lo mismo que beneficio», recuerda García. Así, estos datos se pueden reducir un 30 o 40%, lo que supondrá, según Parias, un deterioro de toda la economía y de la generación de empleo y riqueza.

El representante de Feragua destacó que el 80% del regadío andaluz usa sistemas de alta eficiencia y se puede hacer más gracias a las nuevas tecnologías. «Tenemos que estar orgullosos», afirmó. «No hay otra zona en el mundo con sistemas de riego tan eficientes y vamos a seguir avanzando», agregó, aunque sin ocultar que «hay que poner coto a la ampliación de superficie de regadío». El objetivo es incrementar las fuentes hídricas para que sea sostenible el regadío que hay, no incrementarlo.

El análisis de la gestión del agua tiene muchas vertientes. Las grandes infraestructuras dependen del Gobierno de España. En este sentido, los fondos Next Generation suponen una « oportunidad», pero a largo plazo ya que se trata de obras que llevan años. La difícil cogobernanza, los bajos niveles de ejecución y la burocracia son obstáculos casi insalvables. Y todo ello con el hándicap de un Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que tiene la filosofía contraria. «Los agricultores no podemos ser atacados como si fuésemos delincuentes, nosotros invertimos el agua, no la gastamos», sentenció García. «El 80% de los sistemas está modernizado. Hemos hecho hecho los deberes. Si hacemos más embalses tendremos más agua. Hay que abordar esa obras de regulación y acompañarlas con la modernización del regadío», agregó Parias. Gázquez recordó que «el regadío debe ser sostenible desde el punto de visto económico, medioambiental y social» y ahí entra en juego la tecnología y la digitalización, que fácilmente puede reducir un 20% el consumo de agua.

Serrhini señaló que «la tecnología no va a solucionar el problema, pero puede ayudar mucho» y expuso el novedoso proyecto «Rainmaker», un sistema de última tecnología capaz de producir 5.000 litros de agua potable al día a partir de la humedad atmosférica. «Cada estación está compuesta por 220 máquinas alimentadas por placas solares. Ya se van a instalar en Marruecos, se negocia con Qatar y en España, incluso en zonas alejadas del mar, se dan condiciones favorables para su implantación».

Frente a la falta de infraestructuras, el sector demandó medidas a corto plazo que amortigüen el golpe como la doble tarifa eléctrica, un plan de fomento de balsas, el aprovechamiento estratégico de recursos subterráneos, la reducción del IVA energético al regadío del 21% al 5% o el rediseño del sistema de seguros agrarios, entre otras.

La soluciones a medio plazo se basan en la desalación –condicionada también por su elevado coste- y las aguas regeneradas– y la implantación de terciarios. «Tenemos que mirarnos en el caso de Israel, su circuito integral del agua; o en la Región de Murcia, que nos lleva ventaja en este sentido», dijo Gázquez. «Estamos cansados de politizar el agua», enfatizó García, que reclama la aplicación de «criterios técnicos» frente a los ideológicos. «La desaladoras no son de izquierda y los pantanos de derecha. Estamos cansados ya de esas historias. Vamos a fiarnos de los ingenieros y de los profesionales para hacer un plan serio a nivel de Estado», concluyó. En la misma línea se expresó Pedro Parias, que detecta que «no hay interés en hacer las obras» por parte del Ministerio en aplicación de la llamada «nueva cultura del agua –no a trasvases y a más obras–, que nosotros decimos que hay que sustituirla por la buena cultura del agua». Y es que, bajo el punto de vista de los regantes, «la buena cultura es la que permite facilitar recursos hídricos para el desarrollo de los pueblos».

La decisión del Gobierno de reducir incluso las partidas presupuestarias en materia hídrica para 2023 es una señal más de esta tendencia. La riqueza, el empleo y el bienestar de la sociedad andaluza y riqueza dependen del agua y cada día que no llueva la comunidad se resentirá más.