Vigilancia en las sedes del Servicio Andaluz de Empleo ante el repunte de agresiones

La pandemia de la Covid19 modificó el funcionamiento de la Administración y también la relación que distintos organismos públicos mantenían con los ciudadanos. Uno de los más evidentes fue la presencialidad para la realización de distintas gestiones, anulada en muchos casos, derivadas a trámites online en otros o limitada a una cita previa. A todo ello, había que sumar el aumento del volumen de trabajo en determinados organismos, como el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que tuvo que tramitar miles de Expedientes de Regulación de Empleo y cumplimentar los trámites imprescindibles para que muchos de los afectados pudieran cobrar su salario correspondiente. Eso obligó, entre otras cuestiones, a dotar de un servicio de vigilancia a las direcciones provinciales del SAE «para la protección de 79 sedes de las Oficinas de Empleo y centros pertenecientes a las Direcciones Provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, contra la intrusión y riesgos derivados a la que se encuentran sometidos, a los efectos de minorar las posibles alteraciones del orden que puedan producirse y asegurar además la seguridad personal y material, que resultan imprescindibles para el normal funcionamiento de los servicios públicos y para la protección del interés público que ha de prevalecer en todo momento». El contrato es de finales de 2020, se formalizaron el 31 de julio de 2021 y su ejecución se inició el 1 de agosto de 2021, por periodo de un año prorrogable a otro más a su finalización el 31 de julio de 2022. La realidad es que sigue habiendo episodios de tensión en algunos centros.

El problema principal radica en que se ha sido necesario la rescisión del contrato a la empresa adjudicataria en Sevilla y Cádiz por impago a los trabajadores, lo que ha obligado al SAE a promover otra contrato de emergencia para dar cobertura a este servicio. Pese a que durante este tiempo la pandemia de la Covid19 ha remitido, la tensión en las oficinas no lo ha hecho.

Por ejemplo, en el expediente que justifica la necesidad de aprobar el nuevo contrato de emergencia mencionado, se incluye un escrito del subdelegado del Gobierno en Sevilla en el que explica que «el Director Provincial del SEPE de Sevilla ha puesto en mi conocimiento, ya por segunda vez en poco tiempo, los problemas que se vienen sucediendo en las Oficinas del organismo, con especial importancia en las ocho oficinas de Sevilla capital, así como en la de Alcalá de Guadaira, San Juan de Aznalfarache, Dos Hermanas, La Rinconada, Camas, Bollullos de la Mitación y La Puebla del Río», apunta. Estos problemas a los que alude están relacionadas con la falta de vigilancia por los problemas de la empresa adjudicataria y su personal, circunstancia que ha generado que se hayan «producido ya varias agresiones en oficinas de la capital por lo que el problema se agrava».

El Subdelegado señala que «se presta apoyo en la medida de lo posible y en casos muy urgentes con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero es obvio que no se puede, ni es su función, prestar un servicio de vigilancia permanente», concluye.

Pero el mensaje más clarificador que incluye el expediente para justificar el nuevo servicio de vigilancia es el que dirige al SAE el propio director del SEPE en Sevilla. Señala que «el servicio de vigilancia cumple, entre otras, la función de control de accesos al interior de los espacios delimitados para atención a la ciudadanía, por parte del personal al servicio de la administración pública» y que «en el ejercicio 2021, fueron gestionadas, por el personal del SEPE (entre las mencionadas 34 Oficinas de la provincia de Sevilla), 264.298 citas previas presenciales de usuarios SEPE, a los que, por parte del servicio de vigilancia, se permitió el acceso ordenado a los puntos de atención correspondientes». La clave no es solo permitir el acceso a los que tenían cita previa, sino que «puede estimarse que a otros 300.000 usuarios les fue denegado el acceso referido, al no disponer de cita previa y redirigidos para la obtención de la misma o para el acceso a otros canales abiertos de atención al usuario».

El problema es que ese volumen de gente sin cita ha generado episodios de tensión y «en 2021 se sufrieron 3 episodios de violencia en el puesto de trabajo, a lo largo de todo el ejercicio. Sin embargo, sólo en la segunda quincena del mes de marzo de 2022, ya han sido 2 los episodios de agresiones sufridas por personal del SEPE en el ejercicio de sus funciones en su puesto de trabajo».

Los cambios que ha traído la Covid19 aún no se han asumido por toda la población. La Consejería de Empleo ha contratado desde mayo de este año de nuevo con otra empresa esos servicios de vigilancia por los que abonará 761.948 euros más IVA durante un máximo de 9 meses.