Loles López: «Es inaudito que una ley proteja al agresor y culpe a la víctima»

De la primera línea orgánica del PP andaluz a una Consejería donde a veces es necesario apartar la política. Loles López se muestra sensible con los más vulnerables y aboga por la unidad para afrontar los graves problemas sociales de Andalucía.

Se acaban de aprobar los Presupuestos de 2023, unas cuentas que consignan 2.720 millones de euros a los servicios sociales, un 14% más. La oposición se instaló en el «no» pese a que aumentan las partidas de sanidad, educación y políticas sociales.

Han aumentado mucho más que en la época en la que gobernaba el PSOE. La oposición pide sin argumentos, puesto que gobernaron durante muchos años y nunca apostaron por las políticas sociales. Esta es una Consejería donde a veces la política hay que apartarla. Hay que poner sentido común y dejar la ideología a un lado.

El pasado mes de septiembre se reunió con el ministro Escrivá para plantearle la cogestión del Ingreso Mínimo Vital. El Gobierno ha transferido estas competencias al País Vasco y Navarra y Cataluña lo ha solicitado. ¿Ha sido leal el ministro con Andalucía?

La reunión fue afable, pero pasaron las semanas y se quedó en un simple encuentro. Mi responsabilidad es tomar decisiones, pero sobre todo proteger y estar al lado de las personas más vulnerables. Como no nos ha concedido la cogestión, la semana pasada llevamos un decreto ley al Consejo de Gobierno donde utilizamos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance a favor de los más vulnerables. Uno de ellos es la renta autonómica, conocida como REMISA. Se ha hecho en un tiempo récord y se ha adaptado a la realidad de las familias andaluzas. Es mejor que el anteproyecto de ley del ingreso por la infancia. Lo hemos mejorado. De media aumenta la cuantía de la REMISA un 45%, se atienden a las personas excluidas del ingreso mínimo vital y se pone fin a los indebidos que se producían porque el Gobierno no nos ha dado la cogestión.

El Ingreso Mínimo Vital, en el caso andaluz Renta Mínima de Inserción, fue una medida que nació envuelta en la polémica, con unos trámites muy farragosos. ¿Cuál es el balance en Andalucía?

Nació con polémica porque la tramitación es muy farragosa y no hubo coordinación con las comunidades autónomas. A día de hoy hay familias que están cobrando el Ingreso Mínimo Vital en Andalucía y otras que podrían cobrarlo y no lo hacen por la cantidad de trámites. Hemos tomado medidas ante la inacción del Gobierno. Espero que apueste por la cogobernanza.

Habló de que se producen reintegros por el solapamiento de ambas prestaciones. ¿Cuántas ayudas se han tenido que devolver?

Atendemos a unas 6.500 familias. El 7,2% son indebidos, ya que dos Administraciones públicas pagamos por un mismo concepto.

Tras el crimen de Montequinto se elevan a 11 el número de víctimas mortales por violencia machista en Andalucía este año. ¿Qué es lo que está fallando?

Desgraciadamente sigue siendo una realidad el mayor atentado contra los derechos de la mujer, que es la violencia machista. Se salvan muchas vidas. Todas no, ojalá. Falla la sociedad en general. Se trata de una cuestión de todos, no solo de las Administraciones. Me preocupa cómo crece este tipo de violencia entre los jóvenes.

Anunció que se iban a reactivar las comisiones contra la violencia de género. ¿Cuál es el objetivo de estos organismos?

En estas comisiones provinciales se reúnen todas las Administraciones y entidades que intervienen en la prevención y protección de la víctima. Desde sanidad, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, trabajadores del IAM y Subdelegación del Gobierno. Hay nuevos fenómenos, como la ciberviolencia. Estamos elaborando protocolos para este ámbito, para las mujeres migrantes y para la mujer rural. Vamos a aumentar las casas de acogida. El IAM tiene un presupuesto histórico, más de 50 millones de euros.

¿Qué valoración hace de la polémica ley del «solo sí es sí»? ¿Está generando el efecto contrario?

Es inaudito que una ley proteja al agresor y culpe a la víctima. Hemos visto la cantidad de sentencias que se están revisando. A los centros del IAM han vuelto a acudir una treintena de mujeres para recibir asesoramiento legal y apoyo psicológico, puesto que sus agresores podían ver rebajadas sus penas. Es lo que llamamos la revictimización. Vuelven a vivir ese miedo, ese dolor y esa presión. Resulta doloroso ver que cambiar la ley cueste poco. Este Gobierno ha cambiado la sedición y la malversación en función de sus intereses. Entonces, ¿no puede actuar con la misma rapidez para volver a proteger a las víctimas y encerrar a los agresores?

Andalucía tiene 11 de los 15 barrios más pobres de España. Se trata de un problema que concierne a todas las Administraciones. ¿Qué está haciendo la Junta para paliarlo?

La REMISA va dirigida a esas familias que viven en esos barrios. El programa de atención a la infancia lo hemos aumentado más de un 9% en el Presupuesto. La cuantía destinada a la lucha contra la pobreza se ha aumentado un 26%. Hemos conseguido un proyecto piloto del Ministerio para evitar el absentismo escolar en los niños. Hemos conseguido otro proyecto piloto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que va dirigido en el mismo sentido a la población gitana. Hemos conseguido la segunda Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inserción Social (ERACIS) y ya la estamos poniendo en marcha, para trabajar en las 95 zonas desfavorecidas que tenemos detectadas en Andalucía. Los recursos son muchos y muy numerosos, pero hay una cosa esencial. Las ayudas hay que darlas, pero tienen que ir vinculadas a obligaciones.

La dependencia siempre es un asunto controvertido por la duración de la tramitación. ¿Cuántas personas están esperando la prestación en Andalucía? ¿Se han acortado los plazos?

Una cosa es la persona que está esperando la prestación y otra la evaluación. Hay 36.382 personas evaluadas esperando la prestación. En noviembre de 2021 batimos récord de personas que la están recibiendo. La mitad de ese aumento positivo de prestaciones la ha aportado Andalucía. Estamos trabajando para acortar los plazos desde que se solicita la dependencia hasta que dicen qué prestación te corresponde. El sistema tiene un serio problema. Ese 50% 50% no llega a darse. El PSOE llegó a recortar las prestaciones. Es decir, las personas que recibían la prestación iban disminuyendo. Las dejaron dos años paradas en seco. Hay un problema con la financiación. Lo que no puede ser es que vayamos a pulmón. Nosotros pagamos el 75% y el Gobierno de España no llega al 25%. Invertimos 1.200 millones de euros a pulmón para la dependencia y el Gobierno de España 394.

La pandemia evidenció que las residencias de mayores son lugares muy vulnerables. ¿Apuesta por un cambio de modelo?

Son vulnerables los mayores. Tengo debilidad por ellos. Cuando te vas haciendo mayor tu capacidad de reacción ante las enfermedades va mermando. Tengo en mente cambiar el modelo. Hay que dirigirlo hacia la elección de la propia persona mayor. Cuando has dado todo a tu familia y a la sociedad debes elegir cómo quieres vivir tus últimos años de vida. Tenemos centros de día, residencias de mayores, ayuda a domicilio, centros de participación activa y «cohousing». También estamos trabajando en la soledad no deseada. Hay que detectar a los mayores que están solos y ofrecerles los diversos servicios que tienen a su alcance.

En relación a los menores extranjeros no acompañados. ¿Están previstos más recursos de acogimiento y protección?

Andalucía es frontera y es muy habitual que tengamos menores extranjeros no acompañados. Hay que atenderlos sin duda alguna. No hay nada más cruel que entre un niño y no reciba la atención que se merece. En un principio venían a Andalucía 28, pero el Ministerio nos pidió que ampliáramos el número a 38. El Ministerio da recursos para ello pero esto es una cuestión de Estado.

Durante los primeros compases de la guerra en Ucrania se generó un gran movimiento humanitario. ¿Siguen llegando refugiados a Andalucía?

No tantos como en un principio, pero siguen llegando. Málaga es la provincia andaluza que más recibe. En pocas semanas llevaremos al Consejo de Gobierno las ayudas para las familias ucranianas.