Quince años para juzgar la corrupción en el Ayuntamiento de El Ejido

“Me consta que las deliberaciones están muy avanzadas y que hay mucho interés para que se pueda notificar cuanto antes sentencia para todos”. El presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Luis Columna, avanzaba el final de uno de los procesos contra la corrupción más largos en la historia de nuestro país y, sin duda, el más importante sucedido en la provincia de Almería: la Operación Poniente. “En estos casos lo mejor es una lectura pública del fallo. Vamos a ver si en octubre es posible hacerlo”. No se precisa aún la fecha esperada en El Ejido desde el año 2007, cuando se interponían tres denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción para señalar una posible fuga de recursos públicos a través de la empresa semipública de mantenimiento ELSUR. La primera fue del abogado del consistorio, Francisco Sánchez Ramón. Le siguieron las firmadas por Izquierda Unida y también por el Partido Popular, este último, alertando de posibles prácticas irregulares de un escindido Juan Enciso, que gobernaba entonces con la mayoría absoluta de su recién nacido Partido de Almería (PAL). Tras judicializarse, la Operación Poniente se evidenció públicamente el 20 de octubre de 2009, fecha en la que agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado intervenían simultáneamente en el Ayuntamiento, en los domicilios y en los negocios de más de una veintena de acusados de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y falsedad documental. Entre ellos estaba el propio primer edil ejidense, su interventor municipal, José Alemán; familiares de ambos y los representantes de las empresas con relaciones contractuales comunes y con el Ayuntamiento.

Los principales acusados fueron a prisión provisional durante varios meses, pero el proceso que investiga la fuga, cuantificada en más de setenta millones de euros de las arcas municipales, sigue sin respuestas. Cambio de jueces, retrasos de informes y una pandemia que obligó a trasladar el juicio al Palacio de Congresos de Aguadulce, no exime que los 44 imputados hayan pedido la aplicación de disminuciones en las condenas por las dilaciones indebidas sufridas. El propio Fiscal del caso, Jesús Gázquez, fallecía en paralelo a la celebración de una vista oral, de cuyas sesiones fue partícipe hasta que su salud lo permitió. Sustituida su función en las conclusiones finales, se ha superado un año más desde que en junio de 2021 el juicio quedaba listo para sentencia.

“Es cierto que, socialmente, se ha perdido un poco el interés por esta causa”, dice el abogado de la acusación del Ayuntamiento de El Ejido, Emilio Lucas. “Se ha ido diluyendo, porque queda muy lejos, porque ese equipo de gobierno no está, porque no hay ningún partido grande en la causa. Además, coincidió con la Operación Malaya, que resultó mucho más atractiva para el espectador”. El letrado de Lucas & Asociados representa, desde el inicio, primero la acusación del PP y desde 2011 la del Ayuntamiento ejidense, tras confirmarse el cambio en el gobierno. “Esto es una causa mucho más técnica, que revela como una empresa que se creó para ofrecer servicios públicos, se usaba como herramienta para ir detrayendo recursos hacia los bolsillos de particulares. El Ejido gastaba mucho más que lo que tenía.” En su alegato final se refería a “las dificultades causadas a los vecinos que, tras asumir una deuda que no les pertenecía, han tenido problemas con servicios públicos y falta de inversiones”.

El Ayuntamiento ejecuta un Plan de Ajuste para revertir su riesgo financiero hasta 2035 y “el tiempo no ayuda a recuperar el máximo de los perjuicios ocasionados”. Dice Lucas que “el patrimonio inmobiliario que se embargó a algunos de los imputados ha perdido parte de su valor. Hay empresas implicadas, como Grupo Abengoa, que están en una situación de insolvencia absoluta. Vamos a intentar recuperar lo máximo, pero el tiempo también ha jugado en nuestra contra”.

Aunque la petición de condenas es de varias décadas para varios de los imputados, la “posibilidad de que se apliquen las dilaciones indebidas está ahí. No descartamos que algunos no pisen más la cárcel”, reconoce Lucas. “Lógicamente, nuestra intención es que el fallo sea ejemplar. Las cifras investigadas son muy importantes y tiene que ofrecerse una sentencia conforme a la Ley”.

Enciso y el resto de imputados siempre han manifestado su inocencia. “Una cosa me enseñaron, lo que no sea tuyo, no lo cojas”, afirmaba en su declaración el que fuera alcalde ejidense durante veinte años. “No he cobrado ni un solo euro del Ayuntamiento de El Ejido ni de Elsur”, aseveraba el presunto cerebro de la trama, José Alemán, quién llegó a recuperar el control de parte de sus bienes después de que otra sociedad clave en la investigación, Sistemas de Dirección, no apareciera como responsable civil, quedando excluida de cualquier resarcimiento a los daños económicos ocasionados al Ayuntamiento.

Hasta tres lustros sin justicia frente a la presunta corrupción ejidense. El tribunal compuesto por los magistradosTársila Martínez, Ignacio Angulo y Jesús Martínez; deberán dar pronto las respuestas.