«El abogado del Estado se opone a la limpieza de Palomares mostrando falta de educación e ignorancia del caso», manifestó José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción y después de que la Abogacía se haya enfrentado a su denuncia en la Audiencia Nacional para que el Ministerio de Transición Ecológica lleve a cabo la limpieza de la zona afectada por el conocido ‘Broken Arrow’ de 1966, cuando cuatro bombas termonucleares estadounidenses cayeron en el litoral del municipio almeriense de Cuevas del Almanzora. Según el escrito de oposición del Estado, los informes remitidos anualmente al Consejo de Seguridad Nacional (CSN) demostrarían que «en escasísimas muestras analizadas apenas se alcanzan los valores de referencia», lo que significa que la exposición radiológica en la zona es «muy inferior» al «nivel que justificaría una intervención». Un cambio de postura evidente para Ecologistas en Acción porque, «hasta ahora el Gobierno decía para disculparse de la falta de actuaciones que quería limpiar, pero que el plutonio se lo tenían que llevar los americanos y que no querían…». «Pero alardeaban de avances hacia ese objetivo», recordó el activista, conocido también por su labor contra el hotel del Algarrobico en Carboneras. «Es intolerable que sostengan ahora que no hay que limpiar, que no existe riesgo radiológico significativo». «¿Qué pasa, antes sí y ahora no?», cuestionó Domínguez, ironizando con que «como ahora no hablan con Trump, no pueden decir que están trabajando codo a codo con los americanos para solucionar lo que hasta ahora siempre han considerado un problema manifiesto al que había que dar atención».

Sin embargo, para el portavoz de Ecologistas en Acción en la causa de Palomares «lo sorprendente ha sido como cumpliendo los criterios, se entiende, del Ministerio de Transición Ecológica, la Abogacía del Estado plantea abiertamente el no limpiar, además poniendo adjetivos contra nuestra causa que demuestran falta de educación y nos acusan de estar tergiversando datos desde el desconocimiento». «Entonces, ¿dónde está el dinero que habían anunciado para hacer un mapa de los terrenos afectados?», insistió el expiloto, intrigado por si «nos mentían cuando hablaban de necesidad imperiosa antes o si lo hacen ahora». Profundo malestar ante «un claro paso atrás y una postura inaceptable» del Gobierno central, cuando justo se cumplen dos años del encuentro entre el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras el que se anunciaba un acuerdo por el que «equipos técnicos de los dos países» trabajarían en una «solución permanente» para «limpiar el suelo contaminado» en Palomares.

Así, desde Ecologistas en Acción advirtieron de «los resultados obtenidos por espectrometría gamma» en una calle dentro del núcleo urbano, Diseminado La Punta, «todos los parámetros superarían la concentración máxima derivada para una dosis efectiva de un milisiervert/año». Cerca de allí, un almacén del CIEMAT que contiene 670 kilos de material radiactivo traído desde Madrid en 2016, cuando el Abogado del Estado defendió en su escrito ante la Audiencia extremos como que «no existe riesgo radiológico significativo ni para las personas ni para el medio ambiente» y calificó de «opiniones» y «tergiversación de datos científicos», la demanda de limpiar de una vez todos los terrenos.

En este sentido, José Ignacio Domínguez consideró «incluso gracioso que diga que desconocemos el marco legal, que nos tache de ignorantes, cuando es la propia Abogacía la que no argumenta ninguno de los extremos a los que llega», tras años de dilaciones gubernamentales para «ofrecer seguridad a la población» en «zonas con exposiciones de radiación similares a cuatro radiografías de tórax a la semana». También preocupa el «impacto en la fauna y flora local», que «entra y sale libremente por la zona restringida», tanto «aves, como pequeños roedores o liebres y, por supuesto, insectos».

Cabe recordar que la Audiencia Nacional ya admitió a trámite, en el mes de enero, el recurso de Ecologistas en Acción frente a la postura de la Abogacía del Estado, que defendía que el asunto ya quedó resuelto cuando el propio tribunal determinó en 2021 que el CSN «no era competente para ordenar la retirada de aproximadamente 6.000 metros cúbicos de tierra contaminada». No obstante, «lo que no se esperaba nunca es una estrategia de ese tipo, que ahora no se pueda hablar ni siquiera de un accidente nuclear», repudió el letrado Domínguez. La Abogacía recalcó que la colisión aérea que provocó la dispersión del material radiactivo «fue un suceso con un origen singular, que es de conocimiento público y notorio».

De esta forma, nuevo cambio de guion del Ejecutivo para la localidad de Cuevas de Almanzora, que mantiene perimetrada un área restringida superior a las 40 hectáreas por radiactividad más que documentada a lo largo de 60 años, con reconocimiento de Estados Unidos de haber enterrado material radiactivo y mientras se señalan nuevos puntos problemáticos y se incumplen los apercibimientos de Europa para corregir esta situación.