«Caso Mascarillas»: mensajes en clave, comisiones y pagos en B

Se confirma la solidez del informe judicial del «caso Mascarillas». El juez apunta gran cantidad de indicios de una trama que recibía presuntas mordidas de contratos públicos, con el conocimiento de Javier Aureliano García, quien formaría parte de ciertos códigos encriptados. Por ejemplo, se habla de dentistas y llama la atención de los investigadores en las comunicaciones intervenidas la recurrencia a vocabulario odontológico («Tengo que ir al dentista»). Tres minutos después de firmarse el contrato de las mascarillas, el ex presidente de la Diputación mandó un emoticono de un diente en el grupo que compartía con Óscar Liria y Fernando Giménez.

Además, según recoge el auto, coinciden fechas y contratos con las comunicaciones. También llama la atención de los investigadores la falta de movimientos de dinero en las cuentas de los implicados. Funcionaban con efectivo y ahí es donde la investigación se remonta ya al año 2016 y 2017 con viajes privados de Óscar Liria y Javier Aureliano García a Ibiza y Madrid sin prueba documental de pagos, lo que apunta a que podría deberse ya a una trama de dinero B, fruto de las posibles comisiones en un inicio muy localizadas en el Almanzora y Fines.

Según el auto, la figura de Óscar Liria entronca directamente con Kilian López y la trama de las mascarillas. Este encausado estaba implicado en temas de tráfico de drogas y era el proveedor de las mascarillas pero, según la investigación, empezó a buscarlas antes de que saliera siquiera la petición. De Kilian López se llega a la conexión ‘Fines’: a OYC y Pulconal, porque el auto judicial amplía el foco hacia una presunta corrupción sistémica en el área de Fomento y Obras de la Diputación, conectando la Presidencia con el municipio de Fines y los dos Rodrigos: el alcalde Rodrigo Sánchez Simón y su hijo. Dos sociedades resultarían clave: Pulconal y OYC Servicios Urbanos. No serán las únicas y ahí se llega también a Tajolis y otras que estarían en el área del alcalde de Tíjola y diputado de captación de fondos europeos. Los investigadores han recogido varios programas donde se podían haber dado contratos con empresas de la trama, que están siendo mirados con lupa por los investigadores. También algunas adjudicaciones de obras muy centradas en la comarca del Almanzora. Destaca el papel del funcionario de Obras Públicas detenido Clemente González, que desde antes del «Caso Mascarillas» mantenía una relación fluida con Óscar Liria y conversaban sobre porcentajes y adjudicaciones de Diputación, pero sobre todo en el área de Fines de las que se beneficiaría presuntamente la trama. Respecto a Javier Aureliano, se investiga cómo pagó varias hipotecas y la adquisición de bienes sin movimiento en sus cuentas. También la sociedad que tiene con su hermano y hermana. Fernando Giménez, diputado delegado de Presidencia, aparece como el ejecutor técnico imprescindible. Fue quien propuso la contratación de Azor Corporate y actuó como nexo entre la voluntad del presidente y la ejecución de los expedientes. Su domicilio y despacho también fueron registrados.

El auto también recoge que se ha ordenado el «bloqueo de productos financieros» de Javier Aureliano García, Fernando Giménez y los empresarios implicados. Esto incluye cuentas corrientes, depósitos, valores y acciones. Nadie puede mover un euro. La instrucción entra ahora en una nueva fase con el análisis de los terabytes de información incautada. Pero con los datos ya en el sumario –945.000 euros de sobrecoste, mensajes en clave y pagos en efectivo–, el futuro político de la cúpula de la Diputación ha quedado sentenciado.