La administración general andaluza contará con funcionarios en prácticas, una figura inexistente hasta ahora -salvo en Educación y Justicia- que serán necesarias para su incorporación, en virtud del nuevo decreto sobre Planificación y Ordenación del Empleo Público, aprobado por el Gobierno andaluz y que entrará en vigor a partir de mañana.

Con este decreto, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública desarrolla gran parte de los objetivos marcados en la Ley 5/2023 de Función Pública de Andalucía, que fue aprobada en junio de 2023 y que derogó la anterior que databa del año 1985.

El texto, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado lunes, sustituye al Reglamento vigente desde 2002 y responde a la necesidad de actualizar y unificar la regulación en materia de empleo público, acceso, provisión de puestos, movilidad y promoción profesional, alineándola con los principios de eficiencia, transparencia y digitalización.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha informado del contenido del decreto en un encuentro con periodistas, donde ha explicado que era necesario cambiar "completamente el modelo, crear un ecosistema nuevo, abrir la posibilidad de desarrollo y motivar a los funcionarios".

"Tenemos que saber cómo se capta el talento hoy en el siglo XXI y no seguir haciéndolo como se hacía en los años 70-80, que es como lo venimos haciendo todavía, y hacer ahí una labor de cambio para que ese talento que va saliendo de las universidades y de los centros de formación profesional, llegue a la Junta de Andalucía y pueda hacer y mejorar los servicios que prestamos a los ciudadanos", ha subrayado el consejero.

Una de las principales novedades es que la creación de la figura del funcionario en prácticas, que se empleará para determinadas habilidades que no existían hasta ahora como es el caso de determinados campos informáticos, y que durarán entre tres y seis meses y van a ser necesarias para incorporarse a la función pública.

Este sistema de prácticas se aplicará en nuevas especialidades que se han creado, como la de jurídica, dentro de la administración general del Estado, y al proceso de selección se le sumará desde ahora un periodo de prácticas tras el que el opositor puede quedarse fuera del sistema, y habrá un 20 por ciento más de aprobados que puestos a cubrir.

Eso supone que habrá un 20 por ciento de aprobados que se quedarán fuera del proceso esperando si se queda alguna vacante en el cuerpo de funcionario al que se presentaron y al que entrarían automáticamente, dentro de una "bolsa" en la que estarían de manera preferente si surge la opción en los dos años siguientes a celebrarse las pruebas.

Según ha explicado el consejero y su equipo de la Consejería en el encuentro con periodistas, las prácticas serán remuneradas y se incorpora a los procesos de selección y que pretende garantizar que el futuro funcionario tiene una serie de capacidades añadidas como la atención al público o la que sabe formar parte de los equipos.

"No nos sirve de nada una reforma en profundidad de la Administración si eso nos repercute en un mejor servicio al ciudadano", ha asegurado el consejero, quien ha explicado que el decreto regula todos los aspectos de la vida de los funcionarios y que pretende actualizar una norma que procede de 1912 y solo se han producido en ellas modificaciones.

La ambición del decreto radica en que va a regular "desde que se prepara la oposición hasta que se jubila", según ha explicado el consejero, quien ha añadido que esta norma, que supone toda una "revolución", hace que sea "irreversible" el proceso de transformación de la administración andaluza.

La administración general de la Junta de Andalucía cuenta en la actualidad con más de 40.000 personas entre personal funcionario y laboral; el 71 por ciento del funcionariado tiene más de 50 años; y el 40 por ciento de los funcionarios se jubila antes de 2030, unos 15.000, lo que va a provocar una incorporación muy importante en los próximos cinco años.

Otras novedades del decreto es que se va a impedir que haya personal interino durante más de tres años, según Nieto, quien ha explicado que se pretende evitar situaciones como la reciente en la que había personal con más de 15 años en esta situación y que provocó que se estabilizara a los 700 últimos que restaban.

Se va a priorizar en una mayor especialización porque en las universidades y empresas privadas hay cada vez más y la administración pública tiene que actuar con "criterios diferentes, adaptándose a las necesidades" de la sociedad, con un mayor empuje en determinados campos como la informática o la salud.

Se fomentará la movilidad mediante un concurso "abierto y permanente" y se incorpora la "promoción horizontal", dentro del mismo subgrupo también en concurso abierto y permanente con, al menos, cuatro procesos de adjudicación al año.

También la movilidad geográfica por razones de salud o violencia de género o las adaptaciones para personas con discapacidad, según Nieto, quien ha aclarado que, en cualquier caso, la forma de acceder a la administración será, como hasta ahora, por oposición, concurso oposición y concurso de méritos.

Este decreto es el primero de los que la Consejería tiene previsto elaborar en próximas fechas como el que regulará el teletrabajo y que está aún en fase de negociación con los sindicatos.