Andalucía entregará durante el primer semestre de 2026 más de 1.300 viviendas protegidas en toda la región, dentro del plan de choque que aprobó la Junta para construir 20.000 nuevas unidades en cinco años y haber aflorado suelo disponible para erigir otras 40.000 más.

Así lo ha asegurado este jueves el presidente andaluz, Juanma Moreno, durante el debate del estado de la comunidad en el Parlamento regional, en el que ha sacado pecho de la política en materia de vivienda que ha llevado a cabo su gobierno desde que llegara al Palacio de San Telmo hace siete años, incluida la nueva ley de vivienda que la Cámara prevé aprobar la próxima semana merced a la mayoría absoluta del PP.

En su discurso, Moreno ha señalado que este texto normativo permitirá crear "cuatro herramientas fundamentales", que pasan por tener menos burocracia asociada a la vivienda e incorporar "toneladas de democracia" en la materia; facilitar que haya más suelo; incrementar la oferta de pisos protegidos, y dar una mayor seguridad jurídica a los propietarios.

En relación a esta última cuestión, el presidente andaluz ha criticado al Gobierno central por haber desprotegido, a su juicio, a las familias andaluzas y las clases medias por no protegerles legalmente frente al fenómeno de la ocupación.

"Exigimos al Gobierno central, no solo nosotros, sino la sociedad en su conjunto, y que tiene las competencias para ello, que deje a un lado la ideología y proteja a esas familias que tienen una vivienda y no la ponen en alquiler por miedo a que se la ocupen", ha demandado Moreno.

Se ha preguntado por qué el Congreso de los Diputados no ha tramitado el decreto antidesahucios que se aprobó hace ya varios meses en el Senado: "No tiene ningún sentido que no se proteja a la propiedad privada".

También ha señalado que no es "coherente" hablar del problema de la vivienda sin llevar a cabo reformas en el modelo fiscal para no "ahogar a impuestos a los jóvenes y las familias cuando, por fin, encuentran una vivienda".

Y en ese sentido, ha defendido las ayudas que han implantado desde que están en el Gobierno, ampliando de 900 a 1.200 euros las deducciones al alquiler para menores de 35, mayores de 65 años y víctimas de violencia machista o terrorismo, y de 1.000 a 1.500 euros en caso de discapacidad.