Se retomó el juicio por la reapertura de la mina de Aznalcóllar, aunque la atención no recayó sobre los tres primeros procesados del total de 16 que tienen que pasar por la sección tercera de la Audiencia de Sevilla. La primera instructora del «caso ERE», Mercedes Alaya, fue protagonista al considerar el tribunal que la magistrada no incurrió en una «extralimitación de funciones» en sus órdenes de reapertura de la causa.

Así lo aseguró en la resolución de las cuestiones previas, rechazando que hayan existido vulneraciones del derecho fundamental a la libertad por detenciones innecesarias, del derecho de defensa, a la intimidad, a un juicio justo, falta de legitimación de Emérita Resources y de Andalucía Mining para intervenir como acusación particular y pérdida sobrevenida de legitimación de la primera de esas entidades. En cambio, decide posponer para sentencia su decisión sobre la posible vulneración del principio acusatorio y del derecho de defensa, y sobre la falta de legitimación de la entidad Andalucía Mining como acusación particular por no ser perjudicada en el caso.

En cuanto a la sesión del juicio, un interventor de la Junta de Andalucía miembro de la mesa de contratación negó insistentemente que recibiese cualquier «indicación» externa para el resultado del procedimiento y señaló que no tuvo nunca sensación de que mediase un amaño. José Marcos A. P. negó que él tuviese cualquier relación previa con las empresas que pujaban ni con las personas que las representaban, negando igualmente que se reuniese con alguien vinculado a Minorbis o Emerita. Junto a ello, insistió en que no recibió «indicación» ninguna sobre cómo debía concluir el procedimiento de evaluación y selección y que nunca apreció ningún indicio de «amaño» en el resto de miembros del órgano.

La propuesta de adjudicación en favor de Minorbis, según aseveró, deriva de que fue «la mejor oferta», exponiendo que aunque entonces «no era lo más común» que Minorbis aportase como solvencia económica el apoyo de Grupo México, «hoy en día sí» es habitual, además de que la fórmula «encaja perfectamente en el concepto de operador económico» de las directivas europeas. Eso sí, precisó que «siempre estuvo claro» que quien pujaba era Minorbis.

De otro lado, Ecologistas en Acción valoró que la Audiencia de Sevilla mantenga, en el juicio que se celebra actualmente, aspectos como la prevaricación ambiental cometida, presuntamente, durante el concurso. En declaraciones a EFE, el portavoz de Ecologistas en Acción, Isidoro Albarreal, que ejerce la acusación popular en esta causa, reaccionó así tras conocer que la Audiencia excluía el delito de administración desleal.

Para el portavoz ecologista, es importante destacar en este caso que «se han desestimado casi por completo todas las cuestiones previas planteadas por las defensas, salvo un delito en concreto por una reforma del Código Penal, que respetamos en todo momento», además de que «han quedado soslayados todos los intentos de paralizar el juicio».

Por ello, Ecologistas en Acción «insiste en el delito de prevaricación ambiental», al recordar que «se decide sobre el futuro de la mina que provocó el desastre ambiental más importante de la historia», en cuyo concurso «se admiten ofertas contra las bases, que pretendían proteger el corredor verde y toda la zona afectada por el vertido».

Para el mismo portavoz ecologista, «claramente, el concurso tendría que haber quedado desierto», ya que «se prohibía cualquier oferta que pudiese hacer daño a la zona afectada por el vertido, pero no fue así, y se incumplieron las condiciones ambientales del concurso».