Tres días de deliberación para blindarse ante un posible recurso. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado una nueva providencia en la que marca tres jornadas de abril y mayo –24 y 29 de abril y 13 de mayo– para deliberar si plantea finalmente o no una cuestión prejudicial sobre el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Previamente, el TC amagó con impedir el recurso, para lo que carece de potestad.

Anteriormente, la Sección Primera habilitó un plazo de diez días para que las partes se pronunciasen sobre si el Constitucional «se ha extralimitado» con una «interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación» en sus sentencias anulatorias de las condenas, por las que el caso volvió de nuevo a la sede judicial primigenia a pesar de que, hasta que llegó al TC, la sentencia había sido ratificada por resoluciones de 20 jueces y la salvedad de dos votos particulares. La Audiencia de Sevilla cuestiona también si la doctrina introducida por el TC para las nuevas sentencias «incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción» y por la posibilidad de no aplicar tales sentencias anulatorias de las condenas. La resolución del Constitucional supuso la primera vez que se cuestionó el delito de prevaricación en el «caso ERE». Las dudas siempre giraron en torno a la malversación. Ni el voto particular del Supremo puso en duda la existencia de la prevaricación en la concesión de ayudas sociolaborales mediante un sistema «ad hoc» al margen del procedimiento administrativo legalmente establecido. En contra de lo que señaló el ex presidente andaluz José Antonio Griñán a la salida del Supremo, la Justicia hasta ahora había entendido que los ERE no sólo fueron «un gran fraude» sino también «un gran plan». Puede que no existiera el «club de los ERE», en definición del ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, pero el Supremo, en contra de lo que dijo el ex presidente andaluz, también corroboró que, en tanto se creó un sistema para eludir los controles, sí hubo también «un gran plan». «El IFA era una caja pagadora a la que Viera y Fernández –como consejeros de Empleo– le succionaron el alma», se dijo en el juicio. Griñán pudo parar el fraude «en cualquier momento» y «sin necesidad de informes», se relató en la Audiencia. Hubo más de una decena de avisos del interventor. La Sala II del Supremo, con dos votos a favor y tres en contra, falló que los hechos ya juzgados en la Audiencia eran constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación y ratificó las penas con la única rebaja al ex director de Trabajo Juan Márquez. El caso pasó por tres instancias judiciales –instrucción, juicio oral y el recurso de casación en el Supremo– y las tres coincidieron, como dijo Griñán, en que «hubo un gran fraude». La cobertura del TC a los condenados sustenta el retorno del PSOE a la teoría inicial de «los cuatro golfos» como responsables de la trama.

Juanma Moreno, presidente de la Junta, institución que está en la causa como perjudicada, consideró que la opción por parte de la Audiencia de ir a los tribunales europeos sería un «movimiento audaz y valiente». Moreno cree que el TC se «excedió» en su decisión sobre las condenas, porque «no es un tribunal de casación».