El cambio de nombre del campo del Cádiz llegará al Congreso

Sumar llevará al Congreso de los Diputados el cambio de nombre del estadio del Cádiz Club de Fútbol, que de Nuevo Mirandilla pasará a llamarse 'Carranza', mediante una pregunta al Gobierno por la que quiere saber si a Dirección General de Memoria Democrática cree que esta denominación vulnera la ley si va a tomar alguna medida para el restablecimiento de la legalidad.

En una pregunta del grupo parlamentario de Sumar a la que ha tenido acceso a Efe, recuerda que la Asociación por la Recuperación por la Memoria Histórica de Cádiz llevaba un año reclamando de esta Dirección General un informe sobre la posible vulneración de la ley 20/2022 de memoria democrática en caso de que el gobierno municipal, del PP, cambiase la denominación del estadio municipal para llamarlo 'Estadio Carranza'.

Sumar recuerda que es en alusión a Ramón de Carranza, quien fuera alcalde de la ciudad en la dictadura de Primo de Rivera y durante le guerra civil, y que participó en la represión posterior a la contienda.

Por este motivo, el anterior alcalde, José María González, de Adelante, había aprobado retirar el nombre de Ramón de Carranza de una avenida y también del estadio, mediante una consulta popular que fue la que decidió nombrar al estadio Nuevo Mirandilla desde 2021.

Sumar pregunta al Gobierno por el motivo por el que la Dirección General de Memoria Democrática no ha contestado todavía, un año después, al informe que se le había solicitado; y si considera que el cambio de nombre a 'Carranza' supone vulnerar la leyes de memoria democrática estatal y andaluza.

También si contempla el Gobierno adoptar medidas oportunas para el restablecimiento de la legalidad en caso de que el Ayuntamiento, como anunció ayer sábado, decida denominar al estadio municipal 'Carranza'.

Para el diputado de Sumar y coordinador de IU, Toni Valero, uno de los tres firmantes de las preguntas junto a Esther Gil de Reboleño y Nahuel González, "volver a denominar al Estadio municipal como “Carranza” supone "una vulneración clara y evidente de las normas memorialistas a la par que una falta de respeto a todas las víctimas y familiares de la represión franquista en la ciudad".

"Supone dar pasos atrás en la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas del franquismo y a sus familiares, evidenciando que al Partido Popular en la ciudad no le hace falta justificarse en Vox para asumir el papel de heredero directo del franquismo", lamenta Valero.

IU reclama al Gobierno Central "que no se ponga de perfil, tome las medidas legales oportunas si este anuncio se lleva a cabo, y paralice llegado el caso esta decisión que evidentemente es un incumplimiento de la ley estatal y autonómica en materia de memoria democrática".

Valero considera que “recuperar la memoria democrática es forma más firme de asentar nuestro futuro de la convivencia” y critica que el Gobierno municipal de Cádiz y el de la Junta de Andalucía, ambos del PP, “echen por tierra las políticas públicas que apuestan por la verdad, la justicia y la reparación” y que “no cumplan con la ley de memoria democrática”.

Cree que las medidas anunciadas por el Ayuntamiento de Cádiz deben de tener como consecuencia la "apertura de un expediente sancionador" por parte de la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno Central, ya que este tipo de decisiones o cualquier otra que suponga vulnerar la ley actual puede acarrear la imposición de una sanción.