Salud
Los CAIT respiran: la Junta, obligada a elevar el crédito para la atención temprana
La rectificación de los pliegos del concierto tendrá que recoger el nuevo convenio ya firmado: «Garantizamos la supervivencia»
Los Centros de Atención Infantil Temprana de Andalucía (CAIT) respiran aliviados. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud y Consumo, tendrá que elevar la financiación del concierto social para la prestación de las terapias a los menores de cero a seis años con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos. La rectificación de los pliegos de licitación que recientemente el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía resolvió, tras un aluvión de recursos presentados por la patronal Apaat, sindicatos y otras organizaciones a nivel individual, tendrá que contemplar el acuerdo ya firmado entre el Gobierno y los principales sindicatos para aprobar el nuevo convenio general de centro y servicios de atención a personas con discapacidad. Ésta era la principal reivindicación de los centros especializados y que, pese a las medidas cautelares y a la posterior resolución del tribunal administrativo, temían que el Gobierno andaluz no aplicase por licitar los lotes antes de que la subida salarial fuese una realidad. «Garantizamos la supervivencia», admitía Gonzalo Caba, portavoz de Apaat, salvo que la Administración andaluza se acoja a otro ardid para no elevar el coste de la sesión hora actual, fijada en 28 euros, y que resalta a todas luces insuficiente para ofrecer un servicio de calidad a los niños y niñas andaluces con trastornos.
El XVI Convenio General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad se ha acordado tras más de tres años de negociaciones en la sede del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje. El mismo contempla un incremento retributivo del 10% para 2025 (casi el 13,5% para el próximo trienio) en los centros asistenciales y en los centros especiales de empleo. Hay que recordar que Salud sólo contemplaba una subida del 3,75% en la licitación anulada y que ésta alegación principal no fue atendida por el TARC, esgrimiendo que el acuerdo en cuestión, aunque ya apalabrado, no había sido ratificado.
La subida salarial escalonada tendrá que ser tenida en cuenta porque el concierto prevé prórrogas hasta 2030 y, según el acuerdo convenial, a 2025 corresponde un 10%, un 1,5% más en 2026, un 1,5% más en 2027, un nuevo N3 en 2028 y un mínimo de subida del 4% a partir del 2028. «Esto supone que el Órgano de Contratación ha de asumir esta subida en los precios que fije en la nueva licitación tal y como pedía la Apaat en su recurso al TARC, además del complemento de coordinación (no contemplado en los pliegos anteriores), el 9% de las vacaciones de los profesionales (antes 8,5%) y el nuevo cálculo del coste de los materiales (antes cuantificados en 150 €/año)», explicaron desde la patronal a LA RAZÓN.
En cualquier caso, desde Apaat insisten en la necesidad de «unirnos todas las entidades representativas del sector». La próxima semana está convocada una nueva reunión para «trazar un camino conjunto» con la intención de la Junta de Andalucía establezca un diálogo fluido que evite más controversias en la confección del nuevo pliegos de condiciones del concierto social.
Con respecto a la reclamación inicial, la asociación patronal aún plantea una revisión del sostenimiento de los inmuebles (las administración mantiene que los locales comparten el uso público con el privado, aunque en los pliegos las directrices determinan en realidad una utilización residual de los mismos fuera de las terapias concertadas) y tiene previsto anunciar recurso contencioso-administrativo.
El Consejo de Gobierno autorizó en septiembre el expediente de gasto derivado de la contratación del Servicio de Atención Temprana bajo el régimen de concierto social por un importe total de 96,8 millones de euros para 24 meses.
Desde enero a septiembre se había prestado servicio a más de 33.670 menores. El precio de 28 euros por sesión se mantiene desde 2020. No modificar el presupuesto supone acabar con las entidades que llevan prestando este servicio, algunas más de 30 años.
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