Tribunales
"Caso ERE": El fiscal dice que el chófer de Guerrero era la "caja pagadora de la coca, copas y antigüedades"
Destaca el "menoscabo de fondos públicos" y aprecia la atenuante simple de dilaciones indebidas
La Audiencia de Sevilla ha celebrado este jueves la sesión final del juicio sobre la pieza separada de la macrocausa de las ayudas autonómicas para expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, correspondiente a los casi 1,5 millones concedidos por el que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero a su exchófer Juan Francisco Trujillo, marco en el que el fiscal ha concluido que dicho acusado era la "caja pagadora de la coca, copas y antigüedades" de su jefe. Esta última sesión del juicio ha estado centrada en las conclusiones y los informes finales de las partes, que son la Fiscalía, la Junta de Andalucía y el PP andaluz como acusaciones; y las defensas de los inculpados, que son Juan Francisco Trujillo; Isidoro Ruz Espigares como administrador de una de las empresas relacionadas con el primero; el que fuera directivo de Vitalia Antonio Albarracín, ya condenado por la pieza relativa a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco); y finalmente la esposa de Trujillo, Juana Gallego, acusada exclusivamente como beneficiaria a título lucrativo.
Durante la primera sesión del juicio, recordémoslo, Juan Francisco Trujillo ratificaba el contenido de sus comparecencias en fase de instrucción, cuando manifestó que con las ayudas por valor de 900.000 euros concedidas por decisión de la Dirección General de Trabajo a las empresas de su propiedad Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena (a las que se sumó una más de 450.000 euros a una empresa de Ruz Espigares); dio parte del dinero "en mano" al propio Guerrero, compró "material de telefonía, artículos de música, antigüedades y ropa" para su jefe y empleó "la mayor parte" de la cuantía en cocaína para los dos y en "ir de fiestas y de copas". Un agente que participó en el registro policial del domicilio de Trujillo el 15 de diciembre de 2011, en busca de documentación sobre las ayudas, testificó de su lado que el citado acusado dijo a los policías que como "le habían dejado tirado", iba a "contarlo todo".
También ha testificado en el juicio un conocido de Francisco Javier Guerrero, --fallecido en 2020 tras haber sido condenado por prevaricación y malversación en el mecanismo específico de financiación de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias con fondos autonómicos--, asegurando que el chófer recurrió a él varias veces para comprar cantidades de "10, 15 o 20 gramos" de cocaína. Según sus palabras, Juan Francisco Trujillo le pagaba con "billetes de 500" euros e incluso en una ocasión le llegó "ofrecer dinero" para que viajase a sudamérica al objeto de "comprar droga" allí; agregando que cuando quedó en paro pidió ayuda a Guerrero y por medio del mismo fue contratado durante un año y medio por la consultora Vitalia Vida, que elaboraba para la Junta de Andalucía las pólizas de seguro de rentas financiadas irregularmente por el departamento de Guerrero; pese a que él era cocinero y no tenía "ni idea" del trabajo que desempeñaba dicha empresa.
En ese sentido, el fiscal del caso ha expuesto que durante el juicio, ha quedado acreditado que Juan Francisco Trujillo dedicó los fondos públicos de las ayudas autonómicas recibidas "al pago de gastos propios, para terrenos e inversiones especulativas"; actuando además como "mera caja pagadora de cocaína, copas, antigüedades, objetos suntuosos" y productos de tecnología en favor de Francisco Javier Guerrero.
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