El sistema de nombramientos de jueces y fiscales en España lleva mucho tiempo siendo objeto de un intenso debate político y jurídico que ha suscitado no pocos enfrentamientos entre la clase política y distintas plataformas de jueces y fiscales, provocando incluso convocatorias de parones y amenazas de huelga por lo que entienden es una clara intromisión del Ejecutivo en la independencia del Poder Judicial.

Todo ello viene provocado por la propuesta de reforma presentada por el Gobierno para la aprobación, en su caso, del Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, la cual pretende, entre otros extremos, modificar el proceso de selección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, así como introducir cambios en el nombramiento de fiscales del Ministerio Fiscal.

Como decimos, esta iniciativa del Ejecutivo ha generado una fuerte controversia en el ámbito político y social, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, atendiendo al posible ataque a la separación de poderes y la independencia judicial que dicho texto normativo podría suponer.

La propuesta aprobada por el Consejo de Ministros, y que se enfrenta ahora al debate parlamentario, plantea cambios significativos, como pueden ser la modificación de criterios para el acceso a la Judicatura y a la Fiscalía, así como la modificación del sistema de elección del CGPJ o la revisión del procedimiento de nombramiento del Fiscal General del Estado.

Como establece en su exposición de motivos, «la primera finalidad que persigue esta ley es potenciar la excelencia de las personas que accedan a las carreras judicial y fiscal, profundizando en el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a estos cargos, en la adecuación de los procedimientos de acceso a la realidad social y académica, y en la acomodación del número de jueces a las necesidades del país».

Atendiendo al espíritu del Proyecto de Ley Orgánica, existen corrientes favorables a su promulgación y también corrientes detractoras de la misma, atendiendo la posición de cada una de las corrientes a la interpretación que se hace respecto de la necesaria separación de poderes que sostiene nuestro Estado de Derecho.

Las voces favorables a las modificaciones planteadas por el Proyecto de Ley Orgánica sostienen que estas reformas son absolutamente necesarias para garantizar una mayor independencia judicial, conforme a los estándares del Consejo de Europa y las recomendaciones de la Comisión Europea en el marco del Estado de Derecho, considerando que el sistema que actualmente se encuentra en vigor ha favorecido la politización de la justicia, al permitir, entre otros extremos, que los partidos políticos negocien el reparto de puestos del CGPJ dentro de su actividad y en aras de conseguir mayorías parlamentarias.

En cambio, los detractores de este Proyecto critican con dureza tanto la oportunidad como el contenido de la reforma pretendida por el Ejecutivo. Estos detractores sostienen y defienden que este cambio y las modificaciones que pretenden introducir en la Carrera Judicial y Fiscal obedecen directamente a intereses políticos inmediatos, más que a una voluntad de mejorar estructuralmente el sistema. Uno de los principales temores que afronta este Proyecto reside en que la elección directa entre jueces pueda derivar en un corporativismo judicial o ser manipulada por asociaciones profesionales, según los distintos intereses políticos que puedan subsistir en ese momento.

Respecto a la figura Fiscal General del Estado, que tan en cuestión está en la actualidad debido a la acusación a la que se enfrenta el actual jefe de los fiscales en España, algunos expertos consideran que los cambios propuestos pueden resultar insuficientes o meramente cosméticos sin acometer una reforma integral del Estatuto del Ministerio Fiscal. A nivel internacional, debemos atender a la preocupación manifestada en reiteradas ocasiones por la Comisión Europea respecto de la situación del CGPJ en España, especialmente por el bloqueo que viene sufriendo en su renovación, que lleva más de cinco años sin completarse por razones exclusivamente políticas.

Por ello, esta propuesta de reforma ha sido recibida con mucha cautela en Bruselas ya que, si bien se valora positivamente la despolitización propuesta, también se insiste en la necesidad de un consenso amplio y de mantener el equilibrio institucional que mantenga la independencia del Poder Judicial y, por tanto, la independencia de poderes a todos los niveles, garantizando así el Estado de Derecho.

Podemos concluir, por tanto, que la propuesta de reforma del sistema de nombramientos de jueces y fiscales en España representa un intento de reforzar la independencia judicial y alinear el sistema con los estándares europeos. Sin embargo, su éxito dependerá no solo del contenido normativo, sino del proceso político que lo respalde, del consenso que sea capaz de generar y de su implementación práctica, residiendo la clave de su éxito en la capacidad de equilibrar la despolitización con la legitimidad democrática, asegurando que la justicia siga siendo imparcial, eficaz y confiable para la ciudadanía.