Los diez municipios andaluces con mayor número de viviendas sociales ocupadas

Estos son los diez municipios en los que la Junta de Andalucía ha detectado mayor número de viviendas sociales ocupadas de forma ilegal: Sevilla capital (719), Linares (215), Isla Mayor (214), Motril (145), La Algaba (142), Granada (122), Pinos Puente (96), Morón de la Frontera (96), Lora del Río (92) y Jerez de la Frontera (56). Lo que debería ser la solución al problema de muchas familias necesitadas se convierte en demasiadas ocasiones en un obstáculo, porque las irregularidades en la ocupación de las viviendas públicas al servicio de la ciudadanía conlleva que personas que requieren esta ayuda no la reciban y permanezcan condenadas a listas de espera.

Los datos no pueden considerarse concluyentes en el análisis municipio a municipio, pero sí indicatorios. Las cifras se extraen de las verificaciones realizadas por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que en 2022 alcanzó el número de 24.011 viviendas en alquiler en toda Andalucía, pero solo la mitad del parque en arrendamiento.

Y es que esta agencia gestiona un total de 73.989 viviendas, de las cuales 49.058 lo eran en régimen de alquiler, 19.083 en régimen de compraventa y 5.848 en régimen de acceso diferido a la propiedad y otros. El resultado de esta labor de supervisión permitió detectar «situaciones con incidencias en la ocupación en 3.132 viviendas», es decir, un 13% de las que fueron verificadas. Por lo tanto, si se mantuviera ese porcentaje en la inspección del cien por cien de las viviendas públicas la cifra rondaría las 6.400 residencias para familias desfavorecidas que no cumplen los requisitos.

Por provincias, se puede comprobar que el número de inspecciones es aleatorio y varía de un año a otro: en Almería se realizaron 183 verificaciones y se detectaron 18 incidencias; en Cádiz, 3.938 verificaciones y 297 incidencias; en Córdoba, 918 verificaciones y una incidencia; en Granada, 3.938 verificaciones y 410 incidencias; en Huelva, 1.111 verificaciones y 70 incidencias; en Jaén, 4.124 verificaciones y 452 incidencias; en Málaga, 29 verificaciones y 17 incidencias; y en Sevilla, 10.565 verificaciones y 1.868 incidencias registradas.

En una respuesta parlamentaria a una pregunta del Grupo parlamentario Vox a la que ha tenido acceso esta diario, la consejera del ramo Rocío Díaz explica que «por cuestiones como la fecha de la verificación, la a veces ingente documentación que hay que recopilar antes de iniciar los procedimientos o el tipo de procedimiento de que se trate, el inicio de cada expediente puede ser más o menos rápido en el tiempo» y esto provoca que parte de los referidos expedientes «se tramiten en años diferentes al de la verificación».

Así, se concluye que «como consecuencia de las verificaciones realizadas, durante 2022 se tramitaron 1.120 expedientes para la regularización de las situaciones anómalas detectadas, tales como desahucios administrativos por ocupación sin título o por no ocupación de la vivienda, recuperaciones posesorias, subrogaciones, así como otros procedimientos jurídicos judiciales». Asimismo, tras la recuperación de viviendas derivada de los expedientes tramitados y resueltos se pudieron otorgar 329 segundas o sucesivas adjudicaciones de viviendas públicas a otras tantas familias inscritas en los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y propuestas por estos órganos a AVRA.

Los procedimientos administrativos y judiciales de regularización y recuperación de viviendas fueron 955 durante 2022 en toda Andalucía. Por provincias, el desglose fue el siguiente: Almería, 39 casos; Cádiz, 158; Jaén, 231; Córdoba, 118; Granada, 76; Huelva, 93; Málaga, 34; y Sevilla, 206.