El PSOE ha iniciado una campaña contra las universidades privadas en España y mira especialmente a Madrid y a Andalucía. El caso andaluz es significativo porque no es la comunidad que más centros privados ha aprobado; la Comunidad de Madrid tiene trece universidades; y Cataluña, Andalucía, Canarias y Castilla y León, tienen cinco, aunque en la región andaluza aún no están todas en funcionamiento.

De esas cinco universidades, la primera que se aprobó fue en 2011 con un Gobierno socialista. El diario de sesiones del Parlamento andaluz recoge la intervención del diputado socialista en defensa de la iniciativa, en concreto, Antonio Núñez Roldán. Entre otras cuestiones para justificar la apertura de la Universidad Loyola, el dirigente socialista aseguró lo siguiente: "Algunos de los estudiantes muestran la preocupación, porque dicen que las universidades caminan hacia su sometimiento a los banqueros y a los mercados. Yo les diré a los estudiantes que no mientras siga gobernando el Partido Socialista Obrero Español, que nunca entregaremos el sistema universitario a los mercaderes. Se lo quiero decir claramente: Nunca, mientras gobernemos los socialistas, las universidades se irán del control y del patrocinio de la Administración pública".

Desde la tribuna, el diputado socialista también defendió "una ley basada en una visión equilibrada, armoniosa, de lo que debe ser el sistema universitario andaluz: equilibrio, armonía entre un sector privado, responsable, comprometido con el desarrollo de Andalucía, y un sector público compuesto por diez universidades, robusto y vigoroso".

El PSOE siguió gobernando en Andalucía hasta 2019 y en el Gobierno de España lo hace Pedro Sánchez desde 2018.

Este fin de semana, durante su participación en el Congreso del PSOE de Córdoba, María Jesús Montero aseguró que los socialistas van a «seguir trabajando por una educación de calidad», ya que es clave para «la igualdad de oportunidades. Porque solo desde la educación pública, de la educación superior, de la formación profesional, tenemos capacidad de que los hijos de los trabajadores, de aquellos que tenían un destino incierto, puedan abrirse camino en plenitud» y «tengan más oportunidades de las que tuvieron nuestros abuelos o nuestros padres».

Por eso el Gobierno de España «se ocupa y se preocupa de la calidad de las titulaciones universitarias y evidentemente no podemos permitir que proliferen universidades «low cost», en donde abaratan los costes a base de menor cualificación del profesorado, de exigir menos esfuerzo a los alumnos, en definitiva de no tener los estándares mínimos que permitan asegurar que el médico que se forma o el profesor que se forma tiene toda la garantía para que podamos ponernos en sus manos».