Espacio para el pacto político en Andalucía: el Tercer Sector tendrá su ley con el apoyol del PP y el PSOE

La situación política en Andalucía cada vez se parece más a la que existe en el Congreso de los Diputados, en la que la tensión y la falta de capacidad para llegar a grandes acuerdos políticos es la principal característica desde hace ya varios años. Con la llegada de María Jesús Montero al liderazgo del PSOE, la interlocución entre los socialistas y el Gobierno de Andalucía también se erosionó. Con Juan Espadas como líder de la oposición si existía un clima de cordialidad, si bien tampoco existieron grandes pactos entre el PP y el PSOE. Ahora bien, siempre hay excepciones y la legislatura –en el caso de que se agote y se acelere su tramitación parlamentaria– puede acabar alumbrando una ley acordada entre populares, socialistas y Adelante Andalucía.

El Consejo de Gobierno celebrado el pasado lunes, en su última reunión antes de las vacaciones de verano, avaló la Proposición de Ley relativa al tercer sector de acción social de Andalucía, presentada por el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Mixto Adelante Andalucía. Se trata de un pacto que empezó a gestarse hace siete años, en 2018, cuando la Mesa del Tercer sector presentó su primer borrador pare regular su actividad con la esperanza de contar con el aval de todos los grupos políticos. El texto definitivo se presentó por registro en el Parlamento el pasado mes y contó con el aval de los mencionados grupos políticos: PP, PSOE y Adelante Andalucía.

El aval del Gobierno andaluz se sustenta «en el contexto del diálogo permanente que se viene manteniendo con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía», motivo por el que «se asume el compromiso de impulsar esta Proposición de Ley que situará a Andalucía en el grupo de Comunidades Autónomas que han regulado mediante norma de máximo rango legal la actividad del tercer sector de acción social, reconociendo de esta manera el papel esencial que viene desarrollando en la vida política, económica, cultural y social de nuestra Comunidad Autónoma».

El texto configurará y definirá el Tercer Sector Social de Andalucía «a través de las organizaciones y redes que lo conforman», y adoptar á «medidas orientadas a fortalecer dichas organizaciones y redes a fin de impulsar la cooperación y colaboración de las organizaciones entre sí, con el sector público y el tejido empresarial, para promover su participación y contribución en el ámbito de la intervención social en general, y específicamente en las políticas y sistemas de responsabilidad pública relacionados con dicho ámbito».

Existe ya un precedente similar en este sentido. El Parlamento de Andalucía aprobó el 18 de diciembre de 2024 la ley relativa a participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. el texto contó con el apoyo de los grupos Popular, quien presentó la proposición de ley, y Socialista, mientras que los grupos Vox y Mixto-Adelante Andalucía votaron en contra y el Grupo Por Andalucía se abstuvo.

Tanto la forma –proposición de ley, iniciativa que nace de los grupos y no del Gobierno–, como el fondo –el reconocimiento especial de unas organizaciones de la sociedad civil– se repetirá en este caso. La Proposición de Ley «reconoce el derecho del tercer sector de acción social de Andalucía a participar en las políticas públicas que les conciernen en todas sus fases, a través del diálogo civil, entendido como un proceso formal de interlocución y colaboración entre el sector público y las organizaciones y redes del tercer sector de acción social».

El informe que firma la secretaria general de Inclusión Social señala que «la norma propuesta establece una serie de medidas destinadas a la promoción del tercer sector de acción social, para que sean adoptadas por las Administraciones Públicas de nuestra Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la normativa básica que sea de aplicación».

«Otras medidas alineadas con lo expuesto anteriormente recogidas en esta norma son la creación de un Observatorio Andaluz del Tercer Sector Social y la elaboración de una estrategia de promoción del Tercer Sector de Andalucía», expone.

Este pacto puede ser de los últimos que se acuerden en lo que queda de la legislatura, porque, de momento, no hay acuerdo entre el PP y el PSOE para elegir a la persona que ocupe el puesto de Defensor del Pueblo.