Fondos para sostenibilidad turística en Andalucía como alternativa para "olvidar" un nuevo impuesto

El debate sobre la tasa turística ha decaído en los últimos meses pero sigue latente. La postura del Gobierno andaluz sigue siendo la misma y no es partidario de instaurarla, tal y como reclaman algunos ayuntamientos, algunos de ellos gobernados por el PP. De hecho, la semana pasada el Grupo Popular y Vox rechazaron en el Pleno del Parlamento andaluz una Proposición No de Ley del Grupo Socialista relativa a «medidas para un modelo de excelencia turística sostenible», que entre otras cuestiones planteaba que la Junta posibilitara a los ayuntamientos que lo quisieran implantar la «tasa turística» en sus municipios.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, nunca ha ocultado su oposición a este nuevo impuesto, que afectaría a todos los ciudadanos que visitaran ciudades distintas a la de residencia. Su departamento apuesta por medidas complementarias a la espera de mejorar la financiación de los ayuntamientos, lo que acabaría con el debate. Una de estas medidas pasa por mejorar la sostenibilidad en destino, política que se va a ver reforzada en el próximo presupuesto de la Junta de Andalucía.

El anteproyecto de ley de las cuentas públicas para 2025 faculta a la Consejería de Turismo a participar en el Programa de la Administración General del Estado denominado «Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos» para prestar apoyo «a la inversión de las entidades locales en actuaciones de impulso, adecuación y mejora de los destinos turísticos, con el fin de aumentar su sostenibilidad en los términos establecidos por el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo».

El artículo 10 del citado Real Decreto-Ley regula estos planes. En concreto, en su apartado 4 señala que la Secretaría de Estado de Turismo, las comunidades autónomas y, en su caso, las entidades locales competentes por razón del territorio «firmarán convenios en los cuales se determinarán las actuaciones a realizar, el importe estimado de la inversión, el plazo de ejecución y el porcentaje de aportación a la financiación de las administraciones participantes».

Lo que permite el borrador de la Ley de Presupuestos es la participación de la administración andaluza en los «Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos», que se articulará «mediante un programa de colaboración financiera, de conformidad con lo establecido en el artículo 192.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y en el artículo 24 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, que se articulará mediante convenio interadministrativo que habrá de suscribirse por las Administraciones intervinientes».

En la práctica, deberían llegar más fondos a los ayuntamientos. El pasado año, el programa extraordinario de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino contó con un presupuesto de 444,5 millones de euros a los que sumó 33,5 millones para planes actuaciones relacionadas con el Plan Nacional de Turismo Azul/Sol y Playa.

En el caso concreto de Andalucía, estos planes se han materializado de la siguiente forma. El Ayuntamiento de Cádiz ha contado con fondos para actuaciones que contribuyan a incrementar su competitividad gracias a la innovación, la mejora de las condiciones ambientales, la adecuación del espacio urbano y la accesibilidad; y el de Huelva apostó por posicionar la Cuenca Minera de Huelva como un destino de turismo minera e industrial, fortaleciendo tres de sus pilares estratégicos: el paisaje minero, el patrimonio natural y la riqueza cultural.

Por su parte, Jaén presentó un proyecto para posicionarse como la capital mundial del aceite de oliva y el oleoturismo, mientras que la Diputación de Granada centró su estrategia en reforzar el turismo en el Poniente Granadino, una de las zonas más afectadas por la pérdida de población.

En una de sus últimas comparecencias parlamentarias, Bernal insistió en trabajar para la «sostenibilidad económica, medioambiental y social del turismo», que se traduzca en una «mejor distribución en Andalucía tanto temporal como territorialmente». Ese objetivo alejaría la necesidad de implantar un impuesto a los turistas que visiten Andalucía.

La tasa turística, de momento, está aparcada a la espera de las conclusiones del Observatorio para la Sostenibilidad Turística Local que la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) acordaron crear a finales de mayo. Los primeros resultados del trabajo de ese observatorio deberían estar listos este otoño aunque la realidad de los casi 800 municipios andaluces no es uniforme.