El Gobierno debe a Andalucía más de 20 millones por la atención sanitaria a la población reclusa

La sanidad penitenciaria es una «rara avis» dentro de la Función Pública. Está integrada por médicos, enfermeros, auxiliares y celadores que pertenecen a la Administración General del Estado, concretamente a Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior. Estos sanitarios prestan servicio en las cárceles de toda España salvo en Cataluña y País Vasco, que tienen transferida la política penitenciaria. La atención se realiza en las prisiones y, en los casos que son necesarios, se producen derivaciones a los centros de salud y hospitales que, en el caso de Andalucía, pertenecen al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Hasta el año 2013 existía un convenio que regulaba la atención sanitaria a este colectivo, con compensaciones económicas a la Junta por los servicios que presta. Sin embargo, desde ese año no se ha renovado y el SAS sigue atendiendo a dicha población sin recibir nada a cambio.

Según fuentes de la Consejería de Salud y Consumo, el Ministerio del Interior adeuda a la Junta un total de 20.863.105 euros por la atención sanitaria a la población reclusa. De las facturas enviadas al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, sólo se han abonado 3.082.483 euros.

En el año 2016 tanto el Congreso de los Diputados como el Senado instaron al Gobierno y a las comunidades autónomas a culminar el proceso de transferencia de la sanidad penitenciaria al ámbito autonómico. La iniciativa de la Cámara Baja añadía que la Administración penitenciaria debía satisfacer los pagos en esta materia. Este extremo ha sido respaldado en casación por el Tribunal Supremo, que concluye que, en ausencia de un convenio de colaboración específico, corresponde al Ministerio del Interior asumir los gastos derivados de la asistencia hospitalaria a este colectivo.

¿Cómo afecta esta situación a los sanitarios? Las plantillas vienen sufriendo una merma constante de profesionales, dándose el caso de que en algunas prisiones ya no hay médicos. No se cubren las vacantes por jubilación y las ofertas de empleo público son muy exiguas. El Defensor del Pueblo Andaluz ha vuelto a poner la lupa sobre este asunto en su informe correspondiente a 2022. «Estas situaciones nos llevan al convencimiento de que no puede demorarse la transferencia de la sanidad penitenciaria, ya que es una situación insostenible para los centros penitenciarios, que año tras año ven cómo su plantilla de personal facultativo va mermando como consecuencia de las jubilaciones y la existencia de otros nichos de empleo más atractivos para los profesionales de la medicina».

La central sindical CSIF ahonda en las causas. «A finales de los años 80, cuando eclosionó el VIH y se intensificó el consumo de heroína y cocaína, la salud de la población reclusa era muy precaria». Entonces, se convocaron oposiciones «para cubrir todas las plazas que se iban creando» y había muchos profesionales. Han pasado más 30 años y aquellos sanitarios ya se están jubilando.

La renovación de estas plantillas es un asunto complicado. «No es atractivo entrar a trabajar en la cárcel», aseguran fuentes de CSIF, subrayando que el propio Ministerio del Interior sabe que «se va a presentar poca gente a las oposiciones porque hay trabajo en la calle». Se convocan concursos de oposición, pero con plazas muy limitadas que «incluso no se llegan a cubrir». «Se han dado casos de personas que renuncian a la plaza porque les ha salido trabajo fuera, tanto en la sanidad pública como en la privada».

Las pocas oposiciones que se están convocando son de enfermero, apunta el sindicato, generándose problemas en la asistencia sanitaria, ya que estos profesionales a veces tienen que hacer labores que les corresponde a un facultativo. Además, recuerda CSIF, un médico gana más en el SAS, puesto que «hay una carrera profesional y una serie de complementos que incrementan el salario final». A esta circunstancia hay que añadir que las nuevas prisiones se están construyendo cada vez más lejos de los núcleos urbanos. «Si me tengo que ir a trabajar fuera de la ciudad, ganando menos y habiendo centros de salud cercanos a mi domicilio y otros tantos centros privados, la prisión no me interesa».

Las mismas fuentes apuntan que el problema se solucionaría, en parte, si se transfiere esta competencia a la Junta. «No tenemos acceso al Diraya. Cuando alguien entra en prisión te fías de lo que cuenta porque no tenemos información. Luego ya te van llegando informes».