El índice de criminalidad en Barbate (Cádiz), donde el año pasado fueron asesinados dos guardias civiles por la tripulación de una narcolancha, es de 26 delitos por cada mil habitantes, mientras que la media nacional se eleva a 40,6 delitos por cada mil habitantes, ha destacado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

El índice de criminalidad en el Campo de Gibraltar (Cádiz) se sitúa en 38,5 delitos por cada mil habitantes y el de Andalucía en 40 delitos por cada mil habitantes, también por debajo de la media nacional, según ha dicho a los informadores Pedro Fernández tras la reunión que ha mantenido con la comisión del Parlamento Europeo que estudia la situación del narcotráfico y la delincuencia en el sur de España.

Tras trasladar esos datos a los diputados europeos, en declaraciones a los periodistas, el delegado del Gobierno ha recordado que desde julio de 2018 el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar se ha ido extendiendo hasta afectar a seis de las ocho provincias andaluzas.

Esa extensión ha supuesto contar con algo más de tres mil nuevos efectivos entre Guardia Civil y Policía Nacional, una inversión adicional de 166 millones de euros y tener las plantillas cubiertas al 95 por ciento y, en algunos casos, como el de la Policía Nacional en algunas zonas, hasta el 120 por ciento.

La Guardia Civil cuenta con nuevas embarcaciones para combatir la actividad de las narcolanchas, y en el periodo mencionado se han efectuado más de 35.000 operaciones, con 26.000 detenciones y 7.800 vehículos intervenidos, de los que 1.800 eran embarcaciones, y se ha incautado algo más de un millón de litros de combustible.

Esa actividad policial ha hecho que las mafias del narcotráfico hayan tenido que desplazarse su actividad, según el delegado del Gobierno, quien se ha referido al río Guadalquivir, donde se han implementado las medidas de seguridad y donde ha descendido la actividad de las narcolanchas, entre otras causas por la acción de las patrulleras de la Guardia Civil en el Puerto de Sevilla y en la desembocadura del río.

Fernández ha mencionado expresamente a los guardias civiles asesinados el año pasado en Barbate, David y Miguel Ángel, y ha expresado su solidaridad con sus familias y ha recordado que los cuatro presuntos responsables están detenidos, antes de mencionar las peticiones de los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles que está estudiando también la comisión parlamentaria.

Estas demandas son considerar la profesión policial como profesión peligrosa y que se considere eurodelito el atentado contra los agentes de la autoridad.

El delegado del Gobierno ha asegurado estar plenamente de acuerdo con estas demandas, ha mostrado su confianza en que en el ámbito europeo se avance en la que le corresponde, y ha asegurado que ya existe en España el reconocimiento como profesión peligrosa la de los policías nacionales y los guardias civiles, salvo en "algunas disfunciones" de carácter administrativo referentes a algún tipo de remuneración o pensión.