Greenpeace y Ecologistas denuncian en el Supremo el plan hidrológico del Tinto-Odiel-Piedras

Greenpeace y Ecologistas en Acción han informado de que el Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso presentado por ambas organizaciones contra el Real Decreto que aprobó el plan hidrológico del Tinto-Odiel-Piedras (TOP), cuya gestión es competencia de la Junta de Andalucía porque lo consideran "insostenible", ya que las medidas aprobadas "podrían llevar a la cuenca al colapso hídrico, llegando a vulnerarse el derecho humano al agua en algunas de las poblaciones".

Según han indicado ambas ONG en una nota de prensa, el plan hidrológico fue aprobado el 18 de julio en conjunto con los planes de las Cuencas Mediterráneas Internas de Andalucía y con el de el Guadalete-Barbate. De este modo, las organizaciones ecologistas han explicado que han dado este paso ante "la constatación" de que las medidas aprobadas en dicho plan "podrían llevar a la cuenca al colapso hídrico, llegando a vulnerarse el derecho humano al agua en algunas de las poblaciones que forman parte de la misma".

Al respecto, en dicho recurso presentado, las organizaciones ecologistas han detallado que el inventario de recursos hídricos previsto en el plan está "sobreestimado, sin contemplar las reducciones de aportaciones que establecen los escenarios de cambio climático para este nuevo ciclo de planificación". En lo que respecta a los usos y demandas, las organizaciones han alertado que este ciclo de planificación" prevé un incremento de más del doble en las dotaciones para orientarlas a la obtención de beneficios de la producción agrícola industrial de regadío frente a otros usos, y que, para hacer esto, el plan se apoya en una previsión de recursos hídricos que está falseada".

"El plan cuenta con la disponibilidad de unos recursos que no existen en la demarcación del TOP ni hay seguridad de que se cuente con ellos en el futuro. Esto es así tanto por la inexistencia de base legal para la transferencia de recursos desde la Cuenca del Guadiana, como por los efectos negativos derivados del cambio climático, que exige una adaptación a un futuro con menos recursos naturales, mayores índices de evapotranspiración, así como a una mayor necesidad de agua para el tipo de cultivos de agricultura industrial, mayoritarios en la demarcación", han aseverado.

Por ello, las organizaciones advierten que este plan "podría llevar a la cuenca hidrográfica a un estado de colapso hídrico, con consecuencias socioeconómicas muy graves para la zona". Esa previsión de asignación de recursos "tan exagerada" para el tercer ciclo "puede generar, además, un 'efecto llamada', que ya reconocía el propio organismo en el esquema de 'temas importantes' presentado en el proceso de elaboración de la normativa".

"El plan debería ir en la dirección opuesta, contener la demanda para ajustarla a los recursos realmente existentes y plantear una disminución como consecuencia del cambio climático. O se aborda la puesta en marcha de una transición hídrica justa que garantice el fortalecimiento de la agricultura social y profesional, frente a usos agrícolas especulativos de grandes empresas y fondos de inversión, o serán las familias más vulnerables las que se verán afectadas por las reducciones de dotaciones que se realizarán a golpe de sequías", ha declarado el coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero Díaz.

Así la cosas, las organizaciones ecologistas entienden que esta planificación "podría poner en peligro la garantía del derecho humano al agua y a gozar de un medio ambiente adecuado, reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2010 y, ahora, también por la constitución española", toda vez que subrayan que el plan prevé "un incremento de las dotaciones que se están realizando desde el Bocachanza al sistema del TOP". "Unas extracciones que fueron aprobadas en una situación de excepcionalidad, mientras se construía la presa del Andévalo, y que se han convertido en norma", han añadido.

Por otra parte, la nueva planificación hidrológica prevé, además, un incremento de las extracciones, lo que implicaría un incumplimiento del convenio de la Albufera por parte de la Junta de Andalucía e iría en contra del principio de unidad y gestión de cuenca.

Por otro lado, en materia de valoración del estado de las masas de agua subterráneas, las organizaciones han remarcado que "un incremento de la superficie de regadío vendría a ejercer mucha más presión sobre el estado cuantitativo de los acuíferos, sobre los que se vienen haciendo extracciones ilegales de forma reiterada".

Además, para las organizaciones el plan "debería dedicar mayor atención y mayores dotaciones a la puesta en marcha y revisión y mejora de las instalaciones de depuración de aguas residuales de las poblaciones que se encuentran en la cuenca, así como contar con un programa de medidas para afrontar los drenajes que la multitud de proyectos mineros están realizando sobre cauces y masas de agua subterránea".

"Necesitamos garantizar que se alcancen los objetivos de mejora de estado cuantitativo y cualitativo de las masas de agua subterráneas establecidos por la Directiva Marco de Agua, cuyo cumplimiento está muy lejos de ser alcanzado en el plan hidrológico presentado, así como una revisión de los vertidos mineros que, en la actualidad, están envenenando cauces y acuíferos", ha declarado el coordinador provincial de Ecologistas en Acción Huelva y representante en el Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica Tinto Odiel Piedras, Luis Domínguez.

Por último, las organizaciones ha mostrado su "sorpresa" que se siga planteando la continuidad de las obras de la presa de Alcolea como una de las fórmulas para "incrementar la disponibilidad de recursos", ya que todos los pronunciamientos científicos y los estudios realizados, a juicio de ambas, "corroboran la mala calidad de las aguas del Odiel y del Oraque, lo cual hace inviable la posibilidad de utilizar sus aguas e inútil, por tanto, mantener la inversión en las obras situadas en la confluencia de ambos ríos".

"La apertura de nuevas actividades mineras previstas contribuirá, más aún si cabe, a empeorar la calidad de esas aguas, por lo que las organizaciones exigen que se retire la propuesta de continuidad de las obras y evitar tanto el despilfarro de dinero público como la generación de falsas expectativas en la disponibilidad de unos recursos hídricos, que solo existen sobre el papel", han concluido.