El legado de la Exposición Universal de Sevilla de 1992, gestionado por Agesa, fue transferido a la Junta de Andalucía como parte del pago de la denominada «deuda histórica», la Disposición Adicional Segunda del anterior Estatuto de Autonomía. Esos edificios han sufrido distintas incidencias durante años y su mantenimiento no ha sido el idóneo, circunstancia que ahora quiere subsanar Epgasa, la Empresa Pública de Gestión de Activos, adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que gestiona ese patrimonio y que ha adjudicado un contrato de mantenimiento integral y gestión técnica de los edificios, así como su arquitectura y sus instalaciones.

El anterior contrato expiró recientemente, concretamente el 8 de mayo. El pliego detalla que los edificios sujetos a este plan específico de acondicionamiento son el de la Expo, el de la Prensa, el Pabellón de la Navegación, los edificio situados en la calle Américo Vespucio 13, 15, 21-33 y 37-45; el edificio N-1; el Pabellón de Francia el de la Naturaleza, Puerto Rico y el del Futuro; el edificio Leonardo da Vinci 19 B; el edificio; y el Helipuerto.

El alcance del mantenimiento debe ser integral y se detallan aspectos como «conservar adecuadamente el buen estado del edificio: cerramientos, cubiertas, paramentos o aplacados»; «asegurar el adecuado funcionamiento de las instalaciones de manera constante e ininterrumpida»; «conservar permanentemente el buen estado de la edificación y sus instalaciones en las mejores condiciones de seguridad y eficiencia, y respetando las indicaciones de los fabricantes de los equipos» o el «aumento de la eficiencia energética y fiabilidad de las instalaciones mantenidas».

Igualmente, se incluye el «mantenimiento integral y gestión técnica de los inmuebles cuya contratación se pretende, comprende el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, conducción, explotación, regulación y vigilancia, modificación e instalaciones nuevas, necesarios para garantizar la mejor conservación de la arquitectura del edificio y sus instalaciones, para optimizar la economía de su funcionamiento y para asegurar la obtención en cada momento, de todas las prestaciones con la máxima eficiencia».

Hay que señalar que «el mantenimiento correctivo incluye un servicio 24 horas 7 días a la semana y un plazo de respuesta inferior a una hora». Como novedad, los licitadores han prestado garantía provisional que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección del contrato.

Finalmente, el contrato ha sido formalizado con Serveo Facility Management, según consta en la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía. Se trata de la misma empresa que ya desarrollaba esta función, por un importe neto para un contrato inicial de 2 años por 4.791.465,39 euros, más un periodo total acumulado de 12 meses de posibles prórrogas por 2.395.732,70 euros.

Hay que recordar que el pasado 9 de abril, el Gobierno andaluz anunció el inicio de la conversión de Epgasa en «una sociedad instrumental para la gestión inmobiliaria y el mantenimiento del patrimonio público andaluz», para lo llevará una modificación de sus estatutos.

Según trasladó el Ejecutivo autonómico tras el Consejo de Gobierno, esa decisión «culmina el proceso de reestructuración de Epgasa en cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría operativa».

Esta reconversión jurídica se traduce en la sustitución de los precios de mercado aplicados por Epgasa por un sistema tarifario de precios técnicos, que se formalizó en el articulado de la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2025, y su constitución como medio propio de la Junta de Andalucía «va a tener un efecto inmediato en la mejora de la gestión del patrimonio público».

De esta forma, Epgasa «podrá colaborar con ésta en la gestión del patrimonio inmobiliario, lo que supone un evidente ahorro de tiempo y dinero», al tiempo que reivindica «una amplia solvencia técnica y conocimiento del sector inmobiliario, así como dilatada experiencia en la gestión del patrimonio público».

La Junta de Andalucía subraya que el acuerdo del Consejo de Gobierno «confiere una mayor eficacia y eficiencia en la gestión del patrimonio público».