Ley de Capitalidad: desequilibrios y más financiación en el aire

La Ley de Capitalidad de Sevilla es un asunto que emerge y se entierra en función de la tensión política. En los prolegómenos de las elecciones municipales de 2023 el entonces alcalde hispalense, el socialista Antonio Muñoz, resucitó el tema y convocó una mesa institucional para abordarlo en la que estuvieron representados el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno. El objetivo era reconocer en un texto normativo la singularidad de la ciudad como capital de la comunidad autónoma, por lo que debía recibir más financiación por los servicios públicos extra que presta. Más allá de la mera declaración de intenciones, la iniciativa se guardó en un cajón y el nuevo regidor, el popular José Luis Sanz, no ha mostrado demasiado entusiasmo en recuperar la idea.

Ahora, un año después de los comicios municipales que otorgaron las ocho capitales andaluzas al PP, es el presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Javier Fernández, el que reivindica la norma porque la ciudad, «le guste más a uno o le guste menos», es la capital de Andalucía. En una entrevista en Europa Press, el mandatario supramunicipal –uno de los pocos socialistas con poder institucional en la región– asegura que «es conveniente desarrollar una Ley de Capitalidad para aclarar funciones, desarrollar competencias y mejorar la financiación que tiene Sevilla». «Nosotros estamos pidiendo desde Sevilla lo mismo que la Junta pide al Gobierno de España», sostiene Fernández. En definitiva, «no queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos». Al hilo de ello, «desde hace un tiempo para acá venimos viendo cómo Sevilla no está entre la prioridad del Gobierno andaluz», de tal manera que «se está discriminando positivamente más a otras zonas de la comunidad autónoma».

Asimismo, Fernández esgrime los 700.000 habitantes registrados en la capital y el hecho de que la población de la provincia suponga el 25% de toda Andalucía. «Como mínimo, nos tienen que tratar como lo que somos: dos millones de habitantes, por lo que vamos a protestar y a levantar la voz donde tengamos que hacerlo».

Otras ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Logroño o Mérida tienen leyes de capitalidad que compensan el gasto que acarrea prestar más servicios públicos y ser la sede de edificios gubernamentales de la Junta y el Gobierno. La idea no es nueva y también la pusieron sobre la mesa los ex alcaldes Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) y Juan Ignacio Zoido (PP).

Una mayor financiación es la reivindicación nuclear. Sin embargo, otras normas similares no hacen referencia a esta cuestión. Es el caso de la de Madrid, aprobada en 2006 por el entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Este texto legal reconoce la especificidad de la ciudad como capital de España, crea un órgano de coordinación entre el Gobierno, la Comunidad y el Ayuntamiento y da presencia al Consistorio en infraestructuras estatales como el aeropuerto. No obstante, no contempla ningún capítulo financiero para dotar de más ingresos a la capital. La norma madrileña se centra fundamentalmente en cuestiones de seguridad, relativas a actos oficiales del Estado que se celebran en la ciudad así como manifestaciones en las que intervienen las fuerzas de seguridad.

Además, la hipotética Ley de Capitalidad de Sevilla ahondaría en los agravios con otras ciudades andaluzas, especialmente con Málaga, que en los últimos años se ha convertido en un importante polo tecnológico y es un referente en materia turística. La ciudad malacitana ha multiplicado su población y las previsiones en un futuro próximo son positivas, con una pujante área metropolitana en el eje de la Costa del Sol.

Su alcalde, Francisco de la Torre, ya se opuso a la medida asegurando que «no hay razón» para su puesta en marcha porque ser capital «ya es una ventaja brutal». De la Torre se preguntó «cuáles son los defectos» de ser capital. «Si a lo que alude es a lo que ocurre en todas las ciudades con cierto tamaño que tienen un área metropolitana, que se utilizan estos servicios, si piden competencias por ello, tendrían que hacer unas normas válidas para otras ciudades equivalentes», señaló. A su juicio, las ciudades tienen un problema competencial que se debió abordar en el inicio de la autonomía andaluza. En este sentido, criticó que el PSOE «no tuvo visión de futuro e hizo una autonomía centralista 100%, que funciona mal en muchas cosas, con servicios que al final hemos hecho nosotros –en referencia al ayuntamiento–», poniendo como ejemplo la construcción de viviendas.

Una Ley de Capitalidad para Sevilla supondría una brecha en el eje económico que discurre entre la capital hispalense y Málaga, una posibilidad que la Junta no está dispuesta a propiciar, ya que son dos grandes ciudades andaluzas gobernadas por el PP y es vital mantener la cooperación.